El PSOE se queja el PP no le haya apoyado en su moción contra el fracking

La diputada socialista Yolanda Lozano ha explicado que la autorización concedida por el Gobierno incluye tanto la perforación de pozos como la inyección de sustancias tóxicas en el subsuelo durante la fase de investigación. Además, permite solicitar en cualquier momento el permiso de extracción, en función de los resultados obtenidos. El proyecto Cronos abarca una superficie total de casi 100.000 hectáreas, de las cuales cerca de 20.000 están situadas en la zona Noreste de Guadalajara y afectan a siete términos municipales.

Durante el debate de la moción, han estado presentes en el pleno varios representantes de la recién creada Plataforma contra el “Fracking” de Guadalajara, integrada por representantes de los pueblos afectados, así como organizaciones vecinales, sindicatos y ecologistas. Al conocer el resultado de la votación, han mostrado su decepción por la falta de apoyo de la Diputación, cuya presidenta ha preferido someterse nuevamente a las órdenes de su partido, en vez de defender los intereses de los municipios y los vecinos de la provincia.

Argucia parlamentaria del PP
Lozano ha asegurado que el PP está actuando “con oscurantismo y por la puerta de atrás” en todo lo relacionado con el “fracking”. En este sentido, cabe recordar también que el Gobierno de Rajoy ha utilizado una argucia parlamentaria en el pleno del Congreso de los Diputados para facilitar la ejecución de proyectos de extracción de gas mediante esta técnica. El PP introdujo en la tramitación de una ley que no tiene nada que ver con el ‘fracking’ (un proyecto normativo sobre el suministro eléctrico en Baleares y Canarias) dos enmiendas que, a su vez, modifican la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, normas que sí rigen para todo el territorio nacional, con el único objetivo de introducir por primera vez la fracturación hidráulica como técnica prevista en la legislación española.

Si el texto no se corrige en el Senado, lo que habrá conseguido el PP con esta treta es evitar que las administraciones afectadas puedan alegar falta de regulación del “fracking” para recurrir o denegar las autorizaciones de este tipo de proyectos de extracción de gas. Hasta ahora, ni en la Ley de Hidrocarburos ni en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental está contemplada la existencia de la fractura hidráulica como técnica extractiva.