IU cuestiona la legalidad del macrocontrato

Unas empresas en muchos casos, ha añadido, “ligadas a los escándalos de corrupción que están saliendo a la luz”.

Para Maximiliano, los argumentos de modernidad, ahorro y eficacia, esgrimidos por Román para justificar esta “cesión de poder”, no se sostienen.

Primero, porque la calificación de Ciudad Inteligente, en ningún momento implica la necesidad de privatización de los servicios y mucho menos de que su gestión se ceda a una única empresa.

Segundo porque dejar el control de más del 21% del gasto corriente en manos de una sola empresa, y durante 20 años, supone dotarla de una capacidad de decisión que puede llegar a condicionar las decisiones de los órganos democráticos elegidos por los ciudadanos, o lo que es lo mismo “no va a ser el Ayuntamiento el que controle a la empresa, si no que será ésta la que condicione las decisiones del primero”.

En cuanto al teórico ahorro de más de un millón de euros anunciado por el Alcalde, Maximiliano además de ponerlo en duda “a la vista de lo que está ocurriendo con el nuevo servicio de autobuses”, ha denunciado que “inevitablemente y con la experiencia que tenemos en el ayuntamiento, se va a traducir en una merma tanto en la calidad de los servicios como de las condiciones laborales de sus trabajadores”

Como ejemplos de posibles cambios que empeorarán la calidad, Maximiliano ha señalado que para compensar los precios de licitación por debajo del coste real en el año 2012, se han flexibilizado las condiciones técnicas con respecto a los contratos vigentes, no estableciéndose la obligatoriedad de recoger la basura a diario ni en horario nocturno, o como en el caso de los jardines no fijando los estándares mínimos de conservación ni estableciendo la obligación de contratar personal de temporada para cubrir las necesidades de los servicios.

El edil de Izquierda Unida ha informado también que su grupo está realizando las consultas jurídicas pertinentes, ante la “dudosa legalidad” de la agrupación de servicios propuesta en este proceso de contratación, ya que el artículo 25 de la Ley de Contratos del Sector Público, exige claramente que las prestaciones estén directamente vinculadas entre sí, que mantengan relaciones de complementariedad y que exijan su consideración y tratamiento como una unidad funcional.

“Y ante esta disposición legal nos preguntamos ¿qué tiene que ver la limpieza viaria con el alumbrado público o el alquiler de bicicletas, por ejemplo?”

Finalmente, el también Coordinador Provincial de IU, ha reiterado su rechazo a este macrocontrato, diseñado para favorecer a las grandes empresas, que supone cesión de poder de los órganos democráticos frente a las empresas privadas, que va a reducir inicialmente el coste en detrimento de la calidad de los servicios y del empleo y de dudosa legalidad, y ha abogado por la gestión directa de los servicios públicos como única herramienta para garantizar la defensa del interés general frente al privado.