El juez Ruz sienta en el banquillo al ex secretario general del PSOE de Castilla La Mancha, Moltó por el perjuicio económico que causó a la CCM

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha sentado en el banquillo de los acusados al exsecretario general de los socialistas de Castilla La Mancha y expresidente de Caja Castilla La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó, exdiputado del PSOE, y al exdirector general Ildefonso Ortega y les ha impuesto una fianza solidaria de 138,2 millones que deberán depositar por el "perjuicio económico" que causaron a la entidad.

En un auto dictado este martes el responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 dicta la apertura de juicio oral contra los dos máximos dirigentes de la entidad, la primera caja de ahorros española que fue intervenida y nacionalizada, en marzo de 2009, con un rescate de 9.000 millones de euros, para que sean juzgados por los delitos societarios de falseamiento de cuentas y administración desleal.

Además, el juez da diez días de plazo a los dos gestores de la caja para que, atendiendo a la "indemnización interesada" por el Banco Castilla-La Mancha, presten la citada fianza de responsabilidad civil y les advierte de que, si no lo hacen en este plazo, serán embargados.

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de dos años y medio de cárcel para los dos acusados, mientras que el Banco Castilla-La Mancha solicita una petición de pena de cinco años y medio y Adicae un total de cinco años.

Citados el viernes

El juz Ruz señala que será el Juzgado Central de lo Penal el encargado de celebrar la vista contra Moltó y Ortega y les cita el próximo viernes a las 10:00 horas para comunicarles esta nueva resolución.

El magistrado dio el primer paso para juzgarles a principios de octubre, cuando consideró indiciariamente acreditada la existencia de una serie de operaciones de crédito con una "notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación", con "manifiesto incumplimiento de los estándares normales en la concesión de riesgos".

Ello derivó en un "perjuicio económico para la caja", ejecutando determinadas prácticas con "incidencia o afectación sobre la imagen fiel contable y de riesgos, como consecuencia de ocultar la morosidad y el nivel de concentración de riesgos de la entidad".

Pasaba entonces a detallar cada una de las operaciones aprobadas por la Comisión Ejecutiva de las que ya alertó el Banco de España en su pericial, en la que el supervisor encontró "actuaciones contrarias a la normativa bancaria y mercantil".

Se refería a los créditos a Luis Portillo-Inmobiliaria Colonial, Kopan Cartera, T-Solar Global, Renovalia, Residencial Picón, Sersan Integral o Grupo Lábaro, entre otros, por 253,8 millones de euros, siendo la de mayor volumen la de un crédito de 60 millones a Zent Inversiones.

A continuación figuraban dos préstamos de 50 millones cada uno para el empresario Antonio Barco Fernández y para el Grupo de Negocios Urbaja.

Préstamos sin garantías y trato de favor

"En la práctica totalidad de ellas", decía el juez, se concedieron préstamos "sin observar las reglas de la práctica habitual y de la propia normativa interna de la entidad respecto de las garantías exigibles para autorizar dichas operaciones, lo que se tradujo en un trato de favor hacia la parte deudora".

Todo ello "supuso un claro perjuicio económico a CCM, ya que los préstamos resultaron total o parcialmente impagados y las garantías prestadas resultaron insuficientes para su recuperación", siendo además "muy significativo" que muchos se otorgaron cuando la caja "atravesaba una situación de grandes problemas de liquidez".

Asimismo, afirmaba que reflejaron beneficios en los estados financieros correspondientes a 2008 que presentaron al Banco de España, "siendo ambos conscientes, por el contrario, de que la entidad en realidad había incurrido en pérdidas en el citado ejercicio".