Revista de Prensa
Salvar a la CAM costará miles de millones a los contribuyentes
Por
REDACCION
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redaccionguadanewses/9/9/19
miércoles 22 de octubre de 2014, 11:14h
El Estado tendrá que aportar un mínimo de 2.000 millones a fondo perdido, mientras que las ayudas a otras cajas las recuperará con la venta de sus acciones o el cobro del préstamo. El agujero de la entidad supera los 3.000 millones. Hasta ahora, prácticamente todas las ayudas públicas que se han concedido a las entidades financieras tienen compromiso de devolución y, por tanto, apenas costarán a las arcas del Estado. Se han entregado en forma de préstamos (las del conocido como FROB 1) y las nuevas se van a conceder en forma de compra de acciones (FROB 2). Cuando se devuelvan los préstamos, en un caso, o cuando se vendan las acciones, en el otro, el Estado recuperará sus fondos y hasta ganará dinero con ellos. En el caso de la CAM, la broma va a costar un mínimo de 2.000 millones de euros a los contribuyentes casi con total seguridad. De momento, para evitar su caída, se le van a entregar 2.800 millones a través de la compra de acciones para elevar su solvencia (además de una línea de liquidez de 3.000 millones que no debería tener coste alguno para las arcas públicas). El Estado tendría que recuperar esas ayudas cuando venda las acciones en los próximos meses a través de una subasta competitiva, pero previsiblemente no lo hará.
La razón es que la entidad cuenta con un agujero, es decir, una falta de provisiones para cubrir sus créditos dudosos y los inmuebles adjudicados, que puede superar los 3.000 millones de euros (según los diferentes cálculos que han realizado las entidades que han examinado sus cuentas). Eso supone que quien quiera comprar la entidad tendría que pagar los 2.800 millones que costarían sus acciones, más otros 3.000 millones para limpiar la caja. Y nadie está dispuesto a ello. Por eso, el fondo público de rescate tendrá que aceptar, casi con toda probabilidad, un Esquema de Protección de Activos (EPA). Y ese instrumento supone, simple y llanamente, que el Estado ofrece una garantía para los activos dañados de la CAM que en su mayoría nunca podrá recuperar. Cuanto más grande sea ese EPA, más grandes serán las pérdidas que tengan que asumir los contribuyentes. Dependerá del precio que estén dispuestos a pagar los ofertantes, entre los que estarán, casi con toda seguridad, Santander, BBVA, La Caixa, Popular, Sabadell o Unicaja.
Una fórmula alternativa, pero que igualmente supondría un coste elevado para los ciudadanos sería vender las acciones al mejor postor a un precio inferior a los 2.800 millones que ahora se van a invertir. A cambio de eso, el Estado no se vería obligado a ofrecer una garantía a los activos dañados o morosos que tiene o pueden aparecer en el futuro.
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