A vueltas con el ATC, Villar de Cañas se juega seis millones al año

Dice El Economista que cando el almacén de residuos radiactivos esté operativo, la comarca de Villar de Cañas percibirá una muy importante asignación anual; por eso rechaza que Castilla-La Mancha maniobre para prohibir su construcción.

Una abrumadora mayoría del medio millar de personas que habitan el conquense pueblo de Villar de Cañas quiere que el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad se levante en la finca conocida como Las Balanzas, en su término municipal, tal y como se decidió en 2011.

Para el municipio, albergar el cementerio nuclear es una oportunidad para revitalizarse. Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos y que pilota la construcción del ATC, tiene previsto invertir casi 1.000 millones de euros, a los que se le añaden pagos anuales para dinamizar la economía local durante los 60 años de vida útil de la instalación.

Sobre los ayuntamientos situados a una distancia de 15 kilómetros del ATC lloverán unos seis millones de euros anuales. A Villar de Cañas le tocarán entre el 40 y el 50 por ciento de esa cantidad, y el resto se repartirá en función de la distancia, de la superficie del término municipal afectada, de la población y de otros parámetros.

Teóricamente, la construcción del ATC todavía no está garantizada. A finales de julio se recibió la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que ha exigido modificaciones al diseño del edificio, pero aún falta la Declaración de Impacto Ambiental, que elabora el Ministerio de Agricultura. No obstante, se da por seguro que se superará el trámite y Enresa lleva varios años trabajando en la zona; de hecho, ya lo hacía sin haber recibido la aprobación del CSN.

Así que el maná dinerario todavía no ha llegado a la comarca, pero Villar de Cañas ya ha experimentado un tremendo cambio: la población ha crecido un 25 por ciento, gracias a las obras en marcha y a que los empadronados allí tendrán preferencia a la hora de trabajar en el complejo atómico. La construcción del ATC precisará emplear a 300 personas -hasta 500 en las puntas- y a 170 de forma fija cuando esté concluido.

Esta mayor población ha permitido abrir dos sucursales bancarias, de Globalcaja y Caja Rural, dos negocios de restauración -uno con hospedaje- y otras empresas, como la ingeniería Asteco. "Y eso sin que esté construido el polígono industrial que va junto al ATC", comenta Luis Mª Bilbao, dueño de Un rincón en La Mancha, uno de los dos restaurantes abiertos por la afluencia de trabajadores.

Pero esta prosperidad sobrevenida a una región dependiente de la tacaña agricultura de secano se ha visto amenazada por la decisión de Castilla-La Mancha de aumentar las dimensiones de una zona ambientalmente protegida, la Laguna de El Hito, de 1.000 a 25.000 hectáreas, de modo que comprenda la parcela destinada al ATC.

La intención declarada del Gobierno autonómico es detener la construcción del almacén nuclear, porque lo considera "un problema de seguridad, de contaminación y de viabilidad económica", en palabras del presidente de la Junta, Emiliano García-Page. La ampliación de la susodicha área protegida, una Zona de Especial Protección de Aves (Zepa) separada por más de 10 kilómetros de cultivos de la instalación nuclear, se lo permite: podrá vetar su construcción.

"Esos pajarracos"
La Zepa de la Laguna de El Hito acoge colonias de grullas durante su migración anual, de octubre a marzo, y el resto del año suele secarse. Las aves nunca han tenido mucho predicamento entre los lugareños porque "esos pajarracos se comen las cosechas y encima las compensaciones que tendríamos que recibir [90 euros por hectárea y año] no llegan", como denuncia Ana Bellot, alcaldesa de Montalbanejo, otro pueblecito -apenas 125 habitantes- que espera recibir ingresos por el ATC, concretamente, unos 300.000 euros al año.

En cualquier caso, García-Page ya ha comenzado a tramitar la ampliación de la Zepa, a pesar de que no cuenta con los informes ambientales que justifiquen dar ese paso y a pesar de que el Plan de Gestión de la misma se acabó en mayo pasado sin que se identificara la necesidad de hacerlo.

La última palabra sobre la ampliación la tiene la Comisión Europea -en Villar de Cañas están seguros de que no la aceptará, porque técnicamente no podrá justificarse-, pero ésta tardará en pronunciarse, lo que abre un escenario de incertidumbre y ralentización del proyecto del ATC. De momento, en el pueblo ya se ha paralizado la construcción de dos hoteles.

El Gobierno central puede pasar por encima de la decisión de la Junta si declara que la construcción del ATC es de interés general. No sería la primera vez que se emplea esa figura favorablemente para la industria nuclear: se usó para construir la piscina del combustible nuclear gastado de la central de Trillo.

Cuestión de Estado
Tal y como establece la normativa europea, España debe disponer de un lugar donde depositar los residuos de sus plantas nucleares -ahora se guardan en las proximidades, de una forma más onerosa e insegura-, que, suponiéndoles una esperanza de vida de 40 años, ascienden a 6.700 toneladas de uranio.

Eso incluye los residuos que se mandaron a Francia en 1989 tras el accidente de Vandellós I, porque aquí no había donde depositarlos. Que hayan estado allí durante los 26 años transcurridos nos ha costado ya 200 millones de euros, a resultas de una penalización de unos 60.000 euros diarios.

Tras una buena negociación de Enresa, actualmente esos residuos no suponen una carga, pero si no vuelven a España en junio de 2017, se nos volverá a aplicar la referida penalización, que, por efecto de la inflación, rondará los 70.000 euros diarios, unos 25,5 millones al año.

Tal y como informa El Econoomista, en los planes de Enresa figura que el ATC, aunque no esté totalmente concluido, pueda empezar a recibir residuos en el segundo semestre se 2017, justo a tiempo para acoger los de Francia. Allí deberían estar hasta que se trasladen a un almacenamiento geológico profundo, en un lugar aún por definir, a partir de 2063.

Según la Agencia Internacional de la Energía, entre 1985 y 2083 la gestión de los residuos nos habrá exigido pagar 19.500 millones, en euros de 2014, de los que un 27 por ciento ya se ha desembolsado.

Pero todo eso está muy lejos de Villar de Cañas. Como dice su alcalde, José Mª Saiz: "aquí lo importante es que la escuela no cierra y vuelven a nacer niños".