Las agresiones a los funcionarios de las oficinas de empleo aumentan un 56%

Las oficinas de la Administración General del Estado de atención presencial al público registran al menos un caso diario de amenazas y agresiones físicas sobre los empleados públicos, según datos recabados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

La grave situación de paro que afrontan los españoles hacen de las oficinas de empleo uno de los puntos calientes y son el único departamento que cuenta con un protocolo que contabiliza de manera sistemática estos casos. Según datos oficiales, a lo largo de 2015 se registraron 326 casos, un 56 por ciento más respecto a los 208 del año pasado.

A esta cifra habría que añadir los casos que se producen en ámbitos como la Seguridad Social, Médicos evaluadores, la Inspección de Trabajo, las encuestas presencial del Instituto Nacional de Estadística o los examinadores de tráfico, que han generado al menos medio millar de agresiones y situaciones violentas a lo largo de 2015.

En el ámbito específico del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se observa como los incidentes (casos de violencia física y verbal, insultos, descalificaciones, amenazas y daños contra el mobiliario de oficina) han ido en aumento desde 2012. Por provincias, las Direcciones Provinciales que han realizado más comunicaciones a lo largo del 2015 han sido Barcelona, Zaragoza, Madrid, Málaga y Tarragona.

Estos datos solo reflejan una primera prueba del grave problema de inseguridad que viven a diario nuestros empleados públicos, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los casos aún no salen a la luz aunque, tal y como reconoce la Administración, el personal de las oficinas de prestaciones y empleo sufren a diario alguna situación de violencia.

Por otro lado, comprobamos que 3 de cada diez oficinas carecen de personal de vigilancia. Destaca el caso concreto de Segovia que, pese a considerarse una oficina crítica (por falta de espacio, privacidad, etc) no cuenta con vigilante.

De las comunicaciones recibidas, el informe del SEPE muestra que un 76,6 por ciento de los trabajadores han sufrido agresiones verbales (insultos, amenazas, gritos), un 2,8 por ciento físicas (golpes en la mesa, arrojo de objetos), un 0,3 por ciento golpes al trabajador, un 3,7 por ciento agresión verbal y física (hacia el trabajador) y un 16,6 por ciento verbal y física (mobiliario).

Los datos muestran también que la mayoría de las agresiones van dirigidas a las mujeres (un 66 por ciento). Asimismo, en un 24,6 por ciento de los casos ha intervenido la empresa de seguridad, en un 10,5 por ciento las fuerzas de orden público y en un 18,8 por ciento, tanto la empresa de seguridad como los cuerpos de seguridad.

Como consecuencia de estas situaciones, algunos empleados sufren situación de ansiedad, nerviosismo, angustia, tensión arterial, temor o miedo a represalias, indefensión, menosprecio por el trabajo que realizan a diario o desprotección por no existir vigilantes de seguridad en sus oficinas.

Hay que tener en cuenta que desde el comienzo de la crisis, los empleados públicos han sido objeto de una campaña de desprestigio en la que se nos ha responsabilizado directamente de las causas de recesión, poniéndose en cuestión nuestra labor, el volumen de las plantillas e incluso nuestra función social.

Además, la congelación de la oferta de empleo público y la destrucción de puestos de trabajo han mermado las plantillas, contribuyendo a una importante sobre carga laboral, que afecta de manera negativa a los servicios que reciben los ciudadanos, que se prestan ‘cara al público’ en situaciones muy adversas.

Estos fueron algunos de los motivos que originaron los incidentes.