Algo más del 25 por ciento de los beneficios, unos 75 millones de euros. Eso pretendía conseguir un intermediario urbanístico, pero el empresario gallego Manuel Núñez se negó a pagar semejante comisión. Las consecuencias, según denuncia, fueron fatales para él: resultó implicado en la operación Tótem, una de las más importantes contra la corrupción urbanística en Murcia. Núñez denuncia que el intermediario puso en práctica el plan diseñado por Miguel Bernad, cabecilla de Manos Limpias, para vengarse si no pagaba la comisión. Primero: poner una denuncia ante la fiscalía. Segundo: lograr la máxima repercusión mediática. Tercero: llegar a un acuerdo para retirar la denuncia. El riesgo era que la fiscalía actuara de oficio, una vez apartado del asunto el sindicato Manos Limpias. Estos tres pasos supuestamente formaban parte del sistema seguido durante décadas por Miguel Bernad, secretario general del sindicato Manos Limpias. En las negociaciones para retirar la denuncia, se exigía el pago de una cantidad de dinero, según indica el juez Santiago Pedraz en su acusación contra Bernad y Luis Pineda, presidente de Ausbanc (Asociación de Usuarios de Banca).
El juez acusa a ambas entidades de coordinarse para cometer presuntamente delitos de extorsión. En el caso de Manuel Núñez Arias, empresario y abogado gallego de 67 años, los tres pasos de Bernad le arruinaron la vida, según relata a esta revista: “El plan diseñado por el secretario general de Manos Limpias para obligarme a pagar una comisión desorbitada hundió mi carrera. Me detuvieron por la ‘operación Tótem’ [trama de corrupción urbanística en la localidad murciana de Totana], y desde entonces lucho para restituir mi buen nombre y que paguen los que montaron, con mentiras, una operación que fue una pantomima”.
El 26 de noviembre de 2007 estallaba la operación Tótem. La Guardia Civil detuvo a seis personas. Al final hubo hasta 13 imputados. Manuel Núñez fue detenido en su despacho, en el centro de Vigo. “Ese fue el final para mí profesionalmente”, alega el abogado y empresario inmobiliario. Las acusaciones eran graves: el pago de comisiones para favorecer recalificaciones en la localidad y levantar una zona residencial con 5.000 viviendas, dos hoteles y un campo de golf. El principal acusado fue el exalcalde de Totana Juan Morales, del PP, que en esos momentos era diputado regional. También fue detenido el constructor asturiano Emiliano Ovide, que había actuado de intermediario entre el Ayuntamiento de Totana y Núñez. “Ovide me ofreció unos terrenos –cuenta Manuel Núñez–, un total de 1.700.000 metros cuadrados en Totana, donde se había aprobado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Eran terrenos urbanizables desde octubre de 2006. En cuanto vio mi interés, me dijo que había que pagarle al alcalde y a 17 políticos de Murcia un dinero. Y que el pago se efectuaría a través de sus empresas. Que era condición ‘sine qua non’ ese pago a través de él”. Núñez aclara que en ese momento Ovide no le especificó la cantidad. Poco tiempo después se enteraría de que en total la comisión ascendía a unos 75 millones de euros.
Según los contratos que supuestamente Ovide envió a Nuñez, a través de los cuales se canalizaría la comisión y que fueron incautados por la Guardia Civil en el registro del domicilio de Ovide, este pretendía lograr el 25 por ciento de los beneficios de la operación urbanística de Núñez en Totana. Ante la Guardia Civil, Emiliano Ovide negó la extorsión y declaró que una persona enviada por el alcalde le transmitió un mensaje para Núñez: “Si quería que la operación se ultimara, tenía que entregar tres millones de euros”. Descubre todo sobre la operación Tótem y sus implicado en nuestra edición PDF.
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