Los diseñadores de un fisco catalán independiente creen que, si se estrena, bastará con que se produzcan impagos a la Hacienda estatal por valor de 7.000 millones de euros para que el Estado pierda el pulso con la Generalitat. Lo llaman “masa crítica” de insumisión, y forma parte de un plan muy ligado al del referéndum independentista, para el cual hay urnas disponibles que sobraron el 9-N. Para blindar estos movimientos, la Generalitat construye un servicio de contraespionaje electrónico. Olvidaos de la Constitución Española.
Si alguien piensa hoy que podemos llegar a tener un estado propio respetando la ley constitucional, que se lo quite de la cabeza: ¡Es imposible!”. El magistrado Santiago Vidal se ganó una ovación al pronunciar estas palabras en la Conferencia Nacional de Esquerra Republicana de Catalunya. Fue el 6 de julio de 2013, en el debate sectorial Estructuras de Estado y Herramientas Jurídicas Necesarias. El hoy famoso exjuez estaba en ejercicio, titular en la Sala 10 de la Audiencia de Barcelona, y como tal fue presentado en el acto.
El artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los jueces “pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos, y (…) concurrir, en su calidad de miembros del Poder Judicial, a cualesquiera actos públicos que no tengan carácter judicial”. Quizá su conducta habría pasado inadvertida si no hubiera dicho, además: “Convocar unilateralmente una consulta. Hagámoslo. No me imagino el día de las votaciones, y en las mesas electorales aparecer un guardia civil enviado por el señor Vidal Quadras para agarrar una urna y llevársela. Pero si llegan a cometer esa barbaridad, habrían de enviar muchos guardias civiles, porque tenemos muchos mossos d’esquadra y muchos ciudadanos de Cataluña que les haríamos frente”. Nueva ovación. Nadie dijo nada en contra, salvo un guardia civil destinado en Barcelona, veterano de Intxaurrondo y miembro de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).
A través del portal de atención al ciudadano, el guardia alertó al Consejo General del Poder Judicial del acto, de la falta de neutralidad de un juez en activo y de que sus palabras “generan una animadversión hacia servidores públicos de modo gratuito”. La respuesta le llegó pronto por e-mail. Montserrat Navarro, letrada del Consejo, le dijo: “El órgano competente para analizar la posible existencia de responsabilidades disciplinarias es el Servicio de Inspección. Si quiere denunciar los hechos que expone, puede dirigirse por escrito, en el que necesariamente han de constar sus datos personales y de contacto y su firma”. “Desistí, claro”, cuenta el guardia a interviú. El CGPJ tuvo conocimiento, pero no hizo nada. Una vez más, el Estado dejaba sobre los hombros de un ciudadano particular la responsabilidad de oponerse a la ilegalidad en Cataluña.
Insumisos al Fisco.-
El desistimiento es precisamente un factor que esperan tener a favor los diseñadores de una hacienda independiente para Cataluña. Se trata de conseguir el suficiente titubeo de los contribuyentes cuando reciban una carta de una agencia tributaria catalana reclamándoles todos los impuestos. Es juntar masa crítica, informan fuentes de las Fuerzas de Seguridad en Cataluña, conseguir al menos 7.000 millones de euros más de los que recauda la Generalitat con sus actuales límites. Con ese volumen de impagados a la Hacienda estatal, los impulsores de la hacienda catalana estiman que podrían derrotar al Estado en un pulso.
La cantidad se asemeja a lo que la Generalitat pedía al Fondo de Liquidez Autonómica el año pasado. La teoría de la masa crítica busca cómo generar “el suficiente número de incidentes fiscales, millares de contribuyentes decidiendo pagar a la Generalitat y no al Estado, como para que Madrid ya no pudiera asumir tantísimos litigios”, explican esas fuentes. Para ello es clave lograr la colaboración de las empresas, más que de los contribuyentes individuales, pues ellas gestionan las cotizaciones de los trabajadores.
Una nota interna de la Hacienda catalana aconsejaba en junio pasado comenzar una campaña discreta de fidelización de empresarios, antes de un referéndum independentista. La colaboración de las empresas se hará mayoritaria, estimaba la nota, si en el referéndum la secesión consigue “una mayoría significativa”. Para otros aspectos, colaboradores del secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvador, han tomado nota de las enseñanzas sobre el correcto funcionamiento de una agencia tributaria que en el pasado, y en otros foros, han impartido dos prestigiosos expertos en su día unidos políticamente al expresidente Artur Mas: Heribert Padrol y Joan Iglesias. Ambos fueron altos cargos de la Hacienda del Estado. Ambos presentaron junto a Mas el modelo tributario de Junts pel Sí para las elecciones autonómicas de septiembre de 2015. Padrol, que no asesora a la Generalitat, trabaja hoy en el bufete Gómez Acebo. Iglesias tampoco asesora ya a la Generalitat: fue nombrado diseñador principal de la nueva hacienda catalana, pero rompió con el govern en febrero de 2016 y pidió el reingreso como inspector de Hacienda. Actualmente trabaja para la asesoría Crowe Horwath. Plan fiscal y referéndum van juntos.
El juez Vidal aconsejó en 2013 a Esquerra que, para conseguir un 66 por ciento de síes con un 70 por ciento de participación –lo bastante para una aceptación internacional– hay que abrir el voto a los jóvenes de 16-17 años y a los residentes extranjeros.
Sus nombres no están hoy en el censo, pero sí en los padrones locales. Y parte de las urnas en que esos electores podrían votar están ya fabricadas. Para el 9-N, el CIRE, organismo que da trabajo a los presos en Cataluña, encargó a los presidiarios de la cárcel de Ponent (Lleida) el troquelado de miles de urnas de cartón. Para el 9-N se gastaron dos camiones llenos. Pero sobraron muchas, que hoy están guardadas en las cavas de la localidad leridana de Raimat que tiene alquiladas el CIRE para su labor.
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