Dos de cada tres españoles apoyan una supresión de autonomía si hay declaración de independencia en Cataluña

El intento de golpe de Estado que se produjo el domingo 1 de octubre en Cataluña ha convulsionado a la sociedad española en su conjunto, y a la catalana en particular, que reconoce la fractura ocasionada por el referéndum ilegal, según recoge la última encuesta de GAD3 realizada para ABC. La mayoría de los españoles consultados reclaman una supresión de la autonomía si se produce una declaración de independencia en los próximos días, y defienden que el Estado recupere las competencias transferidas en Educación y Seguridad.

El trabajo de campo de la encuesta se realizó entre los días 2 y 6 de octubre, es decir, justo después de la jornada de la consulta ilegal sobre la independencia de Cataluña. Entre la veintena de cuestiones concretas que se plantean en el barómetro relacionadas con el desafío independentista, la opinión mayoritaria de los catalanes coincide claramente con la del resto de españoles en cinco asuntos: el referéndum ilegal ha fracturado a la sociedad catalana, la imagen de Cataluña ha sufrido un daño con el 1-0, la consulta se hizo sin las necesarias garantías democráticas, el Gobierno de la Nación y el autonómico deberían dialogar y el plan liderado por Puigdemont ha perjudicado a la economía catalana.

Activar el 155
Las dudas que muestra el Gobierno de Rajoy sobre la activación, o no, del artículo 155 de la Constitución, para intervenir competencias autonómicas en defensa del interés general, no existen entre la mayoría de los españoles, según la encuesta de GAD3.

Casi el 60 por ciento respalda la «supresión de la autonomía» si sale adelante la anunciada declaración de independencia, algo que podría suceder el próximo martes, en el Pleno del Parlamento autonómico. Rajoy tendría así un apoyo social claramente mayoritario. Y hay un dato significativo: un tercio de los catalanes también apoyaría esa medida, que está prevista en la Constitución, en concreto en el artículo 155, pero que nunca se ha aplicado hasta ahora.

Prácticamente el mismo número de catalanes (36 y 37 por ciento, respectivamente), vería bien que el Estado recuperara en concreto dos competencias transferidas: la de Educación y la de Seguridad. La opinión en el resto de España es contundente: el 66 por ciento, en el primer caso, y el 69 por ciento, en segundo, reclama que el Gobierno recupere la gestión sobre dos competencias clave.

El golpe de Estado liderado por Puigdemont para romper España y declarar la independencia de Cataluña ha dejado importantes heridas en todo el país, como se ve en la encuesta. Dos de cada tres catalanes reconocen que el intento de referéndum ilegal ha dividido a la sociedad en su Comunidad Autónoma. Esa opinión se dispara en el resto de España: casi el 90 por ciento de los ciudadanos que viven fuera de Cataluña ven fracturada la convivencia.

Ese es uno de los resultados logrados por Puigdemont, Junqueras y Forcadell con su desafío independentista. Pero no es el único. Además de abrir una grieta social alarmante, el daño que ha sufrido la imagen de Cataluña es incuestionable para la inmensa mayoría. Solo el 19 por ciento de los catalanes creen que la proyección de su Comunidad Autónoma ha mejorado con este intento de golpe de Estado. Al consultar al conjunto de los españoles, esa percepción positiva solo la comparte el 6 por ciento del total.

En realidad, ni siquiera la sociedad catalana se cree que el referéndum del 1 de octubre se haya celebrado con las garantías democráticas necesarias. Las reglas se cambiaron 45 minutos antes de empezar la votación, el censo universal no ofreció ningún tipo de seguridad, y en seguida se vieron imágenes de personas votando dos, tres y hasta cuatro veces en lugares diferentes. No causó menos sonrojo ver cómo se llevaban urnas con papeletas incluidas a «centros electorales», o cómo se contaban los votos en una parroquia mientras los feligreses asistían a misa. Todo esto lleva a que solo uno de cada cuatro catalanes sostenga que el 1-O se celebró con garantías democráticas. En el resto de España, el dato cae hasta el 6 por ciento.