Ya no son solo guardias o policías. También padres civiles han denunciado ante unidades de policía judicial casos de acoso político a menores durante los tensos primeros días de octubre, y en ocasiones han pedido la mediación de autoridades locales con el colegio. Algunos profesores denunciados exhiben mensajes radicales contra las fuerzas de seguridad en las redes sociales. Otros se sienten acosados por llamadas amenazantes. Pensábamos que podía pasar otra vez, y no estábamos dispuestos”, cuentan guardias civiles padres de alumnos del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona).
Una angustia ya conocida volvieron a sentir estos y otros padres de Cataluña cuando, el día 16, fueron encarcelados los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Esa tarde las redes sociales se llenaron de llamamientos a concentraciones de protesta; una de ellas, un paro de 15 minutos a mediodía ante los centros de trabajo de toda Cataluña. Otra vez, como en las protestas del 2 de octubre contra las cargas policiales del día anterior, o como en el “paro de país” del 3 de octubre, el llamamiento se hacía extensivo a los colegios.
Pero, según las mismas fuentes, en el instituto de Sant Andreu, a solo cien metros de la casa cuartel de la Guardia Civil más grande de Cataluña, un grupo de padres se entrevistó con el director del centro, José Antonio Asín, para advertirle de que esta vez no consentirían las coacciones y señalamientos de menores que tuvieron lugar el 2 y el 3 de octubre, cuando, supuestamente, a hijos de guardias se les obligó a pronunciarse sobre la acción de los antidisturbios.
“Nunca más”, dice el padre de uno de los 40 hijos del Cuerpo que estudian en el centro. La famosa mayoría silenciosa de Cataluña se está volviendo proactiva en los colegios, mostrando una oposición decidida a que a los niños les salpiquen las cuitas políticas de sus maestros. Padres que no son guardias ni policías, sino trabajadores civiles, han formulado también denuncias de señalamiento de menores que se unen al caudal –aún sin cuantificación oficial– de denuncias presentadas por los padres uniformados. Contarlas no es fácil, pues las denuncias se encaminan a la fiscalía ordinaria por delitos de odio, o la de menores por acoso, o a las unidades orgánicas de policía judicial de la Guardia Civil. A la de Sant Andreu han llegado 17; siete de ellas son de civiles del pueblo. Además, de contactos de Whatsapp de afectados ha salido la iniciativa de dirigirse a la Inspección Educativa del Ministerio de Educación, y a líderes políticos locales, dado el escaso eco que estos padres hallan en las AMPAS de Cataluña.
Una mano oculta.-
Ha sido el caso de la escuela Pau Casals de Montmeló (Barcelona), tras las quejas de una madre, policía nacional, por el acoso a sus hijos, una niña y un hermano algo mayor. Se implicó el Ayuntamiento en una reunión. Informan fuentes policiales de que “en el colegio se mostraron exquisitos, y el comportamiento hacia los niños ha cambiado”.
Los casos de padres policías que denuncian acoso de sus hijos son mucho menores que los de sus compañeros guardias, pero “es porque a nosotros nos conocen menos, pasamos más desapercibidos en los vecindarios, muchos no trabajamos de uniforme y no vivimos en casas cuartel, por lo que un acosador no identifica a nuestros hijos”, explican esas fuentes del Cuerpo Nacional de Policía.
A raíz del clima de hostilidad hacia lo que los más radicales llaman “forces d’ocupació”, Interior ha habilitado un teléfono para que los funcionarios informen de casos de acoso o delitos de odio. Fuentes cercanas a la investiga ción de estos casos descartan que las acciones de protesta en los colegios, los paros y debates sobre las cargas policiales en clase o en el patio se hayan simultaneado por Cataluña de una forma espontánea. Sospechan de una orden del Departament d’Ensenyament de la Generalitat difundida a través de la red interna de la consejería. Les resulta elocuente el parecido de los comunicados que desde centros diversos se han enviado a los padres de alumnos el 2 de octubre para explicar el secundamiento de la huelga general del día 3. “Queridas familias, la represión tan brutal y las imágenes tan horrorosas de los cuerpos policiales estatales contra una sociedad catalana completamente pacífica...”, arrancaba la circular, con escudo oficial, de la Escola Montserrat de Esparreguera (Barcelona). Con las mismas exactas palabras arranca otro comunicado de la Escola Taquígraf Garriga, de la localidad. E igualmente la nota de la Escola Fontmartina, en Santa María de Palautordera, a 78 kilómetros. Y, 97 kilómetros más al norte, empezaba igual el aviso de la Escola Josep Pous i Pagès de Figueres (Girona).
“Asesinos” y “fachas”.-
El instituto El Palau de Sant Andreu es uno de los centros más denunciados, pero por la acción de una minoría de sus docentes. Al profesor de matemáticas Jordi Amorós le achacan las denuncias, según fuentes cercanas a la investigación, un papel protagonista en el señalamiento de hijos de guardias. “Durante la noche del 30 de septiembre al 1 de octubre, estuvo encerrado en el colegio con otros independentistas. Cuando, a las nueve de la mañana siguiente, llegó la Guardia Civil, se resistió, y sufrió la acción de los antidisturbios. Por eso, como otros profesores, estaba resentido al día siguiente, al llegar a clase. En realidad, con él, como con otros, se empleó la fuerza mínima indispensable”, relatan esas fuentes. Ni este profesor del instituto barcelonés, ni otros, ni el director han querido contrastar esta versión con interviú.
Según algunos denunciantes, Amorós llegó a su aula la mañana del 2-O y dijo: “Hoy no tengo ganas de dar clase. Estoy muy afectado. La Guardia Civil solo sabe dar palos”. Sin contar las quejas por el adoctrinamiento de los niños, denuncias de incidentes de parecido tenor al de El Palau señalan a otros 13 centros públicos o concertados de Cataluña, desde las escuelas Vedruna y Montserrat de Barcelona, que organizaron un minuto de silencio como protesta, hasta el centro de Formación Profesional de Olot (Girona), donde, en un debate en clase, se tildó de “asesinos” a los guardias civiles, y de “facha” al hijo de un agente, pasando por un centro concertado de Premià de Mar (Barcelona) –con un niño y una niña acosados por compañeros–, y otro de Solsona (Lleida) –por la organización de un juicio infantil a los policías– u otro público del Baix Empordà (Girona), que proyectó vídeos de las cargas policiales y convocó un minuto de silencio, o el instituto Lluís de Peguera de Manresa, cuyos alumnos fueron llevados a manifestarse a la puerta del cuartel de la Guardia Civil el 21 de septiembre, o la escuela Montserrat Vayreda de Roses (Girona), donde una profesora ha sido denunciada por un guardia por, supuestamente, comentarle a su hijo que los agentes “pegan y matan”.
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