El Rey: "Que la justicia actúe"

A un lado de la mesa esperaba un alto funcionario del Ministerio del Interior. Al otro, según fuentes conocedoras del encuentro, estaba un miembro de la Casa de Su Majestad el Rey. Acudió al hotel para recibir una información delicada. Ya era oficial. La Justicia estaba investigando los negocios del duque de Palma, marido de la infanta Cristina y yerno de don Juan Carlos, el empresario Iñaki Urdangarín.

Esa discreta reunión de septiembre de 2010 se produjo dos meses después de que los juzgados de Palma de Mallorca abrieran una pieza separada de investigación sobre Urdangarín por sus negocios al frente del Instituto Nóos. En aquel momento, el representante del Ministerio del Interior se limitó a informar sobre la situación judicial del duque de Palma para evitar posibles malentendidos con la Casa Real. Según la normativa española, el rey Juan Carlos no puede ser sometido legalmente a investigación policial alguna. El Jefe del Estado es inimputable y, por lo tanto, ni las Cámaras ni los agentes de la ley pueden investigarlo. Sin embargo, esa protección no asiste a otros miembros de la Familia Real, como el duque de Palma. Según ha podido saber esta revista, el enviado de Interior puso el tema sobre la mesa: el juez balear José Castro había abierto dos meses antes –el 22 de julio de 2010– una investigación judicial sobre los convenios firmados el 17 de julio de 2005 y el 17 de septiembre de 2006 entre el Gobierno balear y el Instituto Nóos, presidido por el duque de Palma. El juez instructor sospechaba que el yerno del Rey se había lucrado de forma ilegal con su entidad “ sin ánimo de lucro ” . Y eso obligaría a toda la maquinaria judicial del Estado –fiscales, abogados, jueces, funcionarios de la Agencia Tributaria y, sobre todo, policías– a indagar en los posibles negocios de un miembro de la Familia Real. Una situación delicada. Incómoda.