Los peritos de la Intervención General del Estado insisten en que el gobierno andaluz estaba al tanto de los ERE

El interventor del Estado (IGAE) Ángel Turrión ha afirmado este viernes que el Consejo de Gobierno "estaba informado" de que las ayudas investigadas en el caso ERE no estaban siendo fiscalizadas, al menos desde el año 2007.

Así lo ha manifestado a preguntas del abogado José Rebollo, que defiende al exinterventor de la Junta Manuel Gómez, uno de los 22 ex altos cargos acusados en la pieza política del caso ERE y en quien se escudan varios procesados para defender que aunque alertó de deficiencias nunca hizo un informe de actuación que hubiera activado las alarmas y obligado a actuar.

El letrado ha leído párrafos del informe adicional que su cliente hizo en 2003 (aunque entregado en 2005) al de control financiero permanente del ente público IFA (luego IDEA) que pagaba las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo con fondos que ésta le remitía mediante transferencias de financiación, una herramienta que según el interventor era "inadecuada" para ese uso.

Ese año, el interventor general decidió pedir a la Dirección General de Trabajo que daba las ayudas una muestra de 20 expedientes de concesión de las subvenciones que abonaba IFA y tras analizarlos concluyó que se estaban dando "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

Turrión ha dejado claro que al menos desde 2007, el Consejo de Gobierno -entonces presidido por Manuel Chaves- "estaba informado de que se estaba produciendo un uso de las transferencias de financiación que suponía la imposibilidad de fiscalizar las ayudas", porque se indica en las memorias de control financiero permanente que anualmente hacía la Intervención, con propuestas de mejora en el control, y que veía el Consejo de Gobierno.

La defensa del interventor de la Junta continuará interrogando a los peritos el lunes, con lo que terminará la prueba pericial.