La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) tiene poco o nulo interés en mejorar la salud de sus trabajadores y le reclama una mayor implicación en este ámbito dentro del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
CSIF expone que unas Gerencias de Atención Integrada (GAI) tienen más implicación y recursos que otras en materia de prevención de riesgos laborales. Sirva de ejemplo que en la zona de Albacete se evaluaron a 666 trabajadores en 2018, en Ciudad Real sólo 276, en Guadalajara se realizaron 202 reconocimientos médicos y en Talavera sólo a 44 trabajadores. Otro ejemplo es la GAI de Toledo I, donde se han formado a 1.118 trabajadores en prevención de riesgos laborales, mientras que en Mancha Centro sólo 58 profesionales sanitarios accedieron a esta formación. Asimismo, se observa que no se cuidan las plantillas de recursos humanos de los servicios de prevención.
Desde el departamento de prevención de riesgos laborales de CSIF se ha solicitado al Director General de Recursos Humanos que se envíe una circular a las Gerencias para que éstas lleven a cabo una planificación de las medidas de prevención y se especifiquen en qué fechas se van a llevar a cabo para reducir los accidentes y enfermedades laborales de los trabajadores del Sescam.
A esta situación se suma que, según los datos aportados por el Sescam, la violencia en el ámbito laboral creció un 12% el pasado año. En este sentido, CSIF ha vuelto a pedir una vez más que se dote de la estructura de seguridad y los medios que se establece en el Plan de Seguridad del Sescam para erradicar esta lacra, ya que hasta el momento ha habido buenas intenciones en esta línea pero pocos hechos.
Asimismo, CSIF, tras la reunión del Comité Regional de Prevención de Riesgos Laborales del Sescam celebrada el pasado jueves, considera que los datos aportados por Solimat, mutua de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, no se ajustan a la realidad por las pocas reclamaciones que recibe. CSIF expone la dificultad de presentar reclamaciones ante el coste económico que conlleva el proceso judicial en situaciones en las que el trabajador es dado de alta a pesar de no estar totalmente recuperado o se le rescinde el tratamiento, lo que provoca que los afectados recurran al sistema público de salud.
Por último, CSIF ha informado al Coordinador Regional de Prevención de Riesgos Laborales y al Director General de Función Pública de los dos problemas que están surgiendo en el Sescam: el cambio de criterio que han adoptado las mutuas de retrasar las bajas por embarazo de la semana 24 a la semana 30 y el largo periodo de tiempo que se tarda en dar la baja a una embarazada a la cual no se le puede adaptar o cambiar su puesto de trabajo a fin de preservar su estado de salud.
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