Hasta 10 millones de clientes podrán exigir desde 2.000 euros al 'Cártel de Coches' : 21 marcas implicadas

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha ido ratificando en los últimos seis meses las multas millonarias impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2015 a los principales fabricantes automovilísticos por vulnerar las normas anticompetencia y constituir un cártel para el intercambio de información "secreta, futura y estratégica".

La Audiencia Nacional emitió durante diciembre de 2019 un total de 18 fallos, desestimando todos los recursos de 15 fabricantes de automóviles y de las dos consultoras implicadas y admitiendo solo uno, el de Mazda, que se libró de una multa de 650.000 euros por su nula participación en el pacto.

Según informa el digital LA INFORMACIÓN, de las sanciones también quedó eximido el Grupo Volkswagen -Seat, Audi, Porsche...- por facilitar información a la CNMC, evitando así el pago de cerca de 39 millones de euros, por lo que las multas que tendrán que afrontar finalmente las marcas condenadas sumarán en torno a 130 millones de euros. Ahora, tras la confirmación por el Supremo de los fallos de la Audiencia y sin posibilidad de nuevos recursos por parte de lo fabricantes, se abre una nueva vía judicial, en este caso para más de diez millones de clientes que compraron vehículos nuevos y usados desde febrero de 2006 hasta julio de 2013.

21 empresas afectadas.-

El Tribunal Supremo lleva castigando desde abril a cerca del 80 % de las empresas del llamado 'cártel de los coches', tras confirmar multas por un total de 118 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso en 2015 a 15 empresas de servicios de distribución, venta y posventa de automóviles. Esto ha desatado una oleada de consultas legales por parte de quienes adquirieron un coche en la época de los hechos, entre 2006 y 2013, ya que entienden que esta práctica anticompetitiva "infló" el precio de sus vehículos.

Tal y como afirma el diario digital LA INFORMACIÓN, desde el bufete Cremades & Calvo-Sotelo Abogados, encargado de representar a la Asociación de Afectados por el Cártel de Coches (AACC), subrayan "la sensibilidad de los afectados" ante un abuso producido durante años y que no estaba en el conocimiento público. "Contemplamos una sensación de indignación generalizada porque todos han pagado un sobreprecio y este tipo de prácticas están muy mal vistas", detalla el abogado del despacho Atilano Vázquez. "La gente tiene interés en recuperar el posible sobrecoste en el pago por sus vehículos".

Para Frank Rodríguez Trouwborst, director general de Consultores Técnicos, una empresa radicada en Madrid que centra buena parte de su actividad en la elaboración de informes periciales, documentos técnicos, certificados y estudios, muchos relacionados con asuntos como cárteles y prácticas anticompetencia, confirma al diario digital LA INFORMACIÓN que a partir de ahora se abre una VIA JUDICIAL PARA SOLICITAR una indemnización económica por los perjuicios ocasionados.

"Hay en torno a diez millones de afectados por el intercambio de información de este entramado empresarial que abarcaba el 91% de la cuota de mercado automovilístico. Su objetivo era aumentar sus beneficios compartiendo datos estratégicos y comerciales y su plan provocó un efecto nocivo para el mercado durante siete años", asegura. "Ahora, los consumidores pueden reclamar entre 2.000 y 9.000 euros que es el sobrecoste provocado por estas prácticas contra la competencia y que permitió un aumento de los precios de más del 10%", admite.