La portavoz del grupo, María José Pérez Salazar, en unas declaraciones, ha recordado que ya en el Pleno pasado, su formación preguntó a la Concejala de Educación Global, Susana Santiago, por las presuntas modificaciones sustanciales que estaban sufriendo en sus condiciones laborales las trabajadoras del servicio.
Ha transcurrido un mes desde que preguntáramos por lo sucedido y lejos de obtener respuesta, lo que sabemos es que la empresa, está reduciendo la jornada laboral y salarial de las empleadas, vulnerando así sus derechos sin que el Equipo de Gobierno haya tomado cartas en el asunto. Por ello, nos hemos puesto en contacto con los sindicatos quienes ya están estudiando la posibilidad de interponer una posible demanda.
Se trata de una empresa a la que se le adjudicó el servicio del refuerzo del idioma en los centros educativos por un importe aproximado de 175.000 euros y con unas condiciones fijadas en el pliego que debe cumplir escrupulosamente y que es el Ayuntamiento, en este caso, el Equipo de Gobierno, quien debe recordárselo en todo momento como garante y responsable del programa que es, cosa que lamentablemente, no está haciendo, ha señalado Pérez.
Ha recalcado que la cláusula 30 de pliego de prescripciones administrativas particulares, que trata sobre las obligaciones laborales, establece expresamente que la empresa contratista está obligada a cumplir todo el período de ejecución del contrato, las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo. Es el Gobierno municipal quien está permitiendo que la empresa incumpla el pliego libremente sin que medie ningún tiempo de sanción y que esté incrementando sus beneficios a costa de mermar las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras. Eso no lo debe consentir una administración bajo ningún concepto.
Hemos repetido en multitud de ocasiones que los pliegos de condiciones administrativas y técnicas son el documento contractual que regula toda la vida del contrato, por lo que se convierten en una pieza clave para el control eficaz de la Administración sobre el concesionario, pues es en estos documentos donde deben recogerse las condiciones de prestación del servicio así como las obligaciones del concesionario y los mecanismos de inspección, vigilancia y control que establece la Administración para comprobar el cumplimiento de las obligaciones que tanto la legislación como los propios pliegos le imponen al concesionario.
Por eso, la administración, el Gobierno municipal tiene la obligación de controlar a la empresa para que esta cumpla con la cualificación, derechos laborales y sociales del personal dispuesto por ella. De no hacerlo, se convierte en cómplice de la empresa al consentir que se vulneren los derechos de estas trabajadoras.
Es vergonzoso que hace menos de un mes se aprobara en el Pleno de esta Corporación una moción en defensa de los derechos de las mujeres y por la igualdad real, cosa de la que siempre hacen gala, y que estén permitiendo atrocidades como esta en el que a las mujeres incluso se les plantea por parte de la empresa que trabajen de manera “voluntaria”.
María José Pérez ha finalizado exigiendo al Gobierno de Blanco que acabe de manera urgente con esta situación, que las trabajadoras vuelvan a tener las mismas condiciones laborales que cuando firmaron sus contratos y que sancione de manera inmediata a la empresa por vulnerar los derechos laborales de todas ellas.
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