Yolanda Díaz propone graves sanciones e incluso "expulsar" del periodismo a quien "manipule y desinforme"

Sumar, la coalición liderada por Yolanda Díaz, ha presentado su programa electoral que incluye medidas para garantizar la veracidad de la información y proteger a los profesionales de los medios de comunicación. Una de las propuestas destacadas es la aprobación de un Estatuto de la Información y la creación de un Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales, que se encargaría de imponer sanciones severas e incluso expulsar de la profesión a aquellos que manipulen o desinformen.

El objetivo principal de estas medidas es combatir las noticias falsas y asegurar un periodismo ético y responsable. Para ello, se propone establecer un código deontológico que regule la conducta de los periodistas y promueva la veracidad en la información.

Además, Sumar plantea la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales como un organismo regulador y supervisor del sector, con capacidad para imponer sanciones. Por otro lado, se busca impulsar la libertad de expresión mediante una "regulación soft" que proteja la comunicación de posibles abusos y fraudes.

La coalición también considera importante explorar diversas vías normativas, como la promulgación de una ley orgánica que garantice el derecho a recibir y difundir información veraz, así como la reforma del derecho de rectificación en el caso de informaciones falsas.

La propuesta de Díaz para expulsar a profesionales de la carrera periodística es claramente anticonstitucional y entra en conflicto directo con el artículo 20 que reconoce y protege los derechos de los ciudadanos a "expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción", así como "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión".

Además, el ejercicio de estos derechos fundamentales, afirma la Constitución, "no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa". Es decir, ningún juez, organismo o Gobierno puede "inhabilitar" o "expulsar" a un ciudadano que quiera comunicar "información veraz" a través de cualquier medio de difusión.