El juez llama a declarar como imputada a la esposa del presidente del Gobierno de España Begoña Gómez el próximo 5 de julio por presunto tráfico de influencias y corrupción

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar el próximo 5 de julio a las 10 horas a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, como investigada por los delitos de tráficos de influencias y corrupción en sector privado.

Según avanzan fuentes jurídicas a EL MUNDO, el juez ha fijado la declaración de la mujer del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, después de posponer este martes la declaración como testigos de los directivos de Red.es.

El pasado miércoles, la Audiencia Provincial de Madrid dio vía libre al juez Peinado para investigar la actuación de la mujer del presidente del Gobierno. El tribunal delimitó la investigación a las ayudas recibidas por la UTE del consultor Juan Carlos Barrabés -Innove Next SLU- por parte de Gómez.

La instrucción se centra, por lo tanto, en las adjudicaciones públicas a las que accedió el empresario Barrabés -quien también ha sido citado a declarar pero por motivos de salud ha pedido aplazar la testifical- y las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez, desveladas por El Confidencial. A su vez, el empresario Carlos Barrabés, testigo clave del caso, fue quien organizó el Máster de la Universidad Complutense, de Transformación Social Competitiva que dirige la investigada.

Por otro lado, el instructor ha aplazado al próximo 16 de junio los interrogatorios del ex director general del ente público Red.es David Cierco y su sustituto, Alberto Martínez Lacambra, así como Luis Prieto e Ignacio Espejo-Saavedra, director de Economía Digital y director adjunto de la Asesoría Jurídica de Red.es, respectivamente.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid decidió el pasado mes de abril incoar diligencias previas por el papel desarrollado por Gómez respecto de diversos contratos de adjudicaciones públicas obtenidos por Barrabés. El instructor admitió a trámite la denuncia del sindicato Manos Limpias por un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios sin recabar el informe del fiscal.