La Ley para proteger a Begoña

El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado este martes en el Consejo de Ministros el Plan de Acción por la Democracia con el que busca amordazar a los medios críticos con su gestión. Este proyecto, revestido como si se tratase de un plan de regeneración democrática, también aboga por intentar silenciar a aquellos medios que informen sobre los casos de corrupción que acechan al Ejecutivo o al entorno familiar de Sánchez. Este plan se empezó a gestar una vez que se conoció que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, estaba imputada por tráfico de influencias y de corrupción en los negocios.

Este plan de acción de Sánchez aboga por la «transparencia y pluralidad en el ecosistema informativo» y reserva al Ejecutivo del PSOE y Sumar decidir «qué es un medio de comunicación» y quiénes «los verdaderos profesionales», en alusión a los periodistas de los medios de comunicación. Entre las medidas de este plan, se busca reformar la Ley de Publicidad Institucional con el fin de «evitar que con dinero público se estén financiando pseudomedios que promueven» bulos, así como crear un registro de medios «para que se conozca su propiedad» y para «obligar a publicar el dinero que invierten las administraciones públicas en los medios».

Estas son las 13 principales medidas del plan de acción de Sánchez para amordazar a los medios críticos:

Crear un registro de medios de comunicación con información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben.

Obligación de publicar anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas.

Reforma de la Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de proporcionalidad y no discriminación, garantizar sistemas de medición de audiencia transparentes y apoyar a los medios en lenguas oficiales diferentes del castellano.

Limitar la financiación de las administraciones públicas a los medios, para que no haya medios impulsados o dependientes de ellas.

Impulsar la ley de secreto profesional de los periodistas y trasponer la directiva que les protege de acosos externos

Reformar el artículo 36 de la denominada ‘ley mordaza’, que castiga el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Revisar el marco regulatorio para garantizar el pluralismo y evitar la concentración de los medios de comunicación.

Aprobar una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación.

Reformar la ley de protección al honor y la intimidad y la ley que regula el derecho de rectificación.

Reforma de los artículos del Código penal que limitan la libertad de expresión, como los que se refieren a las instituciones del Estado, los sentimientos religiosos o el escarnio público.

Programa dotado con 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios

Reformar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación.

Crear una nueva comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación.

A continuación se reproduce por su interés y actualidad el artículo de opinión que este miércoles publica Vicente Vallés en el diario LA RAZON.-

Regenerando la democracia

Un día del pasado mes de abril, al presidente del Gobierno le notificaron que un juez de Madrid investigaba las actividades privadas de su esposa, ya conocidas por todos porque se publicaban en los medios desde hacía semanas. Por la mañana, el presidente acudió a la sesión de control al gobierno en el Congreso y dijo, misterioso, que confiaba en la justicia a pesar de todo. Horas después, Moncloa anunció que Pedro Sánchez dejaba en suspenso sus responsabilidades como jefe del Gobierno durante cinco días, para sumergirse en una reflexiva introspección sobre si le merecía la pena seguir en su cargo.

Pasado ese tiempo, Sánchez reapareció en las escalinatas del palacio presidencial para comunicarnos su decisión de continuar, pero con el objetivo de batallar con más ímpetu contra sus rivales –si es que eso fuese posible–, que a esas alturas ya habían sido catalogados como enemigos. Entre ellos, los medios de comunicación no afines.

Para entonces, la fábrica de conceptos que, con diligencia, trabaja para el presidente, ya había proporcionado a su jefe los titulares de la doctrina con la que mantener prietas las filas de los propios y buscar la fórmula para castigar a los ajenos: aprobar un «plan de acción por la democracia» para acabar con «la máquina del fango». El éxito estaba asegurado, porque ¿quién puede mostrarse en contra de un plan de acción por la democracia? Y ¿quién puede estar de acuerdo con la máquina del fango?

Regenerar la democracia es una tarea continua, porque los enemigos de la democracia no descansan. Pero la buena o la mala voluntad de determinadas iniciativas se aprecia no tanto en sus objetivos, sino en por qué se plantean justo en este momento. Y ahí, el supuestamente bondadoso motivo del plan decae.

Las investigaciones periodísticas y judiciales sobre la esposa del presidente del Gobierno no deberían provocar cambios legislativos. Así no se regenera la democracia. Se degenera.

Ya lo dijo el gran torero Juan Belmonte, cuando un día le preguntaron cómo era posible que uno de sus novilleros hubiera acabado siendo gobernador civil en el franquismo: «degenerando, degenerando», respondió con destreza taurina.