LO NUNCA VISTO : El Tribunal Supremo manda a la Guardia Civil al despacho del Fiscal General de España para incautar sus dispositivos

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado, que investiga a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos por la difusión de datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha enviado a la Guardia Civil a la sede de la Fiscalía General del Estado para incautarse de dispositivos electrónicos que permitan esclarecer el cruce de correos electrónicos con la Fiscalía de Madrid que culminó con la publicación de la nota que detallaba las negociaciones con la defensa del empresario para cerrar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía a cambio de reconocer el fraude fiscal que le imputa.

En la resolución en la que acuerda la medida, el magistrado autoriza "la entrada y registro en el despacho de Álvaro García Ortiz" y ordena a los agentes "la intervención de todos aquellos dispositivos informáticos, objetos, documentos y demás efectos que pudieran tener relación con un delito de revelación de secretos". El magistrado ha declarado ya secreta la investigación porque "resulta necesario" hasta que "no se haya recabado toda la información documental" necesaria para esclarecer los hechos.

El instructor del alto tribunal ordena a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que permanezcan en la sede de la Fiscalía "durante las horas que resultaren precisas para la finalización" del cometido, "habilitando expresamente las horas nocturnas" con el fin de asegurar la efectividad del registro.

Hurtado autoriza "la intervención de documentación en soporte papel o informático" que tenga relación con la investigación, así como la intervención o copia "en su integridad o parcialmente" de "cualquier tipo de material o soporte informático y telemático", incluida expresamente la "telefonía móvil", que haya podido ser empleado o que pudiera servir "como indicios o pruebas de la comisión de los hechos objeto de investigación". Asimismo, faculta a la Guardia Civil a incautarse del "teléfono o teléfonos móviles del interesado", así como de otros dispositivos en su poder como "tablet, ordenador portátil u otros".

En cuanto a los servidores de correo electrónico y redes sociales del fiscal general, el Supremo autoriza el volcado de las cuentas desde el 8 de marzo pasado y la copia de sus contenidos.

Hurtado ordena al personal informático de la Fiscalía a "identificar" todas las cuentas de correo electrónico utilizadas por García Ortiz y les conmina a prestar a los agentes "toda la ayuda técnica que sea necesaria", incluyendo el acceso a cualquier terminal o servidor informático.

La operación policial ha obligado al fiscal general a suspender in extremis una comparecencia ante los medios de comunicación junto al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Julio Strassera, y la fiscal de Memoria Democrática, Dolores Delgado, que se iba a celebrar a la una del mediodía en la sede de la Fiscalía General del Estado en la víspera del día de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo y la dictadura.

El instructor del procedimiento ha instado también al fiscal general a designar un abogado que le defienda una vez constatado que no ha asumido ese cometido la Abogacía del Estado.

La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, ha vuelto a pedir la dimisión de García Ortiz, dado que "la revelación por el fiscal de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función que puedan ocasionar un perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona es una falta muy grave". En una carta remitida al fiscal general, la AF considera "incomprensible que no se haya investigado inmediatamente por la inspección fiscal" si la filtración de correos sobre la situación fiscal de González Amador "tuvo su origen en la Fiscalía" para "determinar los posibles autores".

Para la asociación que preside Cristina Dexeus, la actuación del fiscal general "denigra la imagen de la institución y pone en tela de juicio nuestra profesionalidad". Se trata, recalca, de una situación "sin precedentes" que hace que su permanencia en el cargo resulte "inadmisible en democracia". "Un Fiscal General del Estado imputado jamás debería permanecer en el cargo", subraya en un comunicado.

Respecto a la filtración de datos personales de González Amador, la AF ve "anómalo" que "conociendo de la existencia de filtraciones, supuestamente producidas desde Fiscalía, no hubiese actuado la inspección fiscal e incoado el correspondiente expediente en averiguación del origen de las filtraciones y del autor de las mismas".

Del mismo modo, señala que García Ortiz aboca a la institución a una "complicada" situación, puesto que "el fiscal que represente en el procedimiento al Ministerio Fiscal seguirá siendo subordinado de Álvaro García Ortiz y esa posición quebrará la imagen de imparcialidad y neutralidad". La incógnita reside -según la asociación- en "cómo será designado" ese fiscal que actuará en representación del Ministerio Público en el procedimiento contra García Ortiz, "quién será el designado", "si estará afectado por una relación de amistad, parentesco o será alguno de los que participaron en la elaboración de la nota o si pudo ser quien participó en la filtración de correos". "Es evidente que durante la tramitación de la causa sobrevolará la duda sobre las decisiones que adopte el Fiscal designado para el despacho del procedimiento penal abierto contra el fiscal general", asegura Dexeus.

"Todos los fiscales estamos incursos en causa subjetiva de abstención", recuerda la presidenta de la AF, para quien en este caso "concurre un interés cuando menos indirecto", por cuanto existe una situación de dependencia jerárquica, entendido "como aquello que proporciona una ventaja o beneficio o le evita una carga o perjuicio", entre las que refiere las decisiones sobre un "ascenso discrecional", una "suspensión" o la "imposición de sanción". Para Dexeus, "la lamentable situación que estamos atravesando va a salpicar a todos los fiscales de España".