Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma en la que más subió el paro, Sanidad y Servicios Sociales pierden en octubre más de 3.500 afiliados

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, lamenta que Castilla-La Mancha haya sido la segunda comunidad autónoma en la que más haya subido el paro, 3.859 personas, hasta alcanzar un total de 129.043 desempleados, de acuerdo a los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El paro ha subido en todas las provincias de la región, y de manera significativa en Toledo (1.688), siendo la tercera provincia por detrás de Málaga y Cádiz en destrucción de empleo.

A pesar del buen dato interanual, con 6.531 parados menos, la comunidad autónoma acumula tres meses consecutivos con balance negativo en los que se han perdido 6.397 puestos de trabajo.

En lo relativo a los servicios públicos, CSIF lamenta la pérdida de 3.551 afiliados a la Seguridad Social en el ámbito de las actividades sanitarias y servicios sociales. Ante la bajada de temperaturas y el incremento de las patologías respiratorias, la Central Sindical reclama la finalización de las restricciones de contrataciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), que no está cubriendo todas las incapacidades temporales, vacaciones o vacantes.

Asimismo, y en relación a la DANA, que ha afectado de manera importante a zonas del sur de Albacete y este de Cuenca, CSIF señala la necesidad de prohibir el despido por motivo o causa directa o indirecta de este fenómeno meteorológico, que el desempleo consumido en los ERTES de fuerza mayor temporal no reste al cómputo general de las personas trabajadoras que se acojan a esta figura, así como moratorias y exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, entre otros puntos.

Por último, CSIF vuelve a recordar las subvenciones de 43,4 millones de euros concedidas por el Gobierno regional a CCOO y UGT desde 2014, cantidades que podrían ser restituidas para reforzar los servicios públicos, hacer frente a los ámbitos más precarizados del mercado laboral de la región y ayudar a la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA.