CSIF exige soluciones para Muface y denuncia desatención sanitaria

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha llevado a cabo una movilización en diversas subdelegaciones del Gobierno en todo el país, con especial énfasis en Castilla-La Mancha, para defender a Muface y denunciar los alarmantes casos de desatención sanitaria que afectan a sus mutualistas. Esta acción se produce en un contexto de creciente preocupación por la salud pública y la calidad del servicio sanitario.

Desde noviembre, CSIF ha intensificado sus esfuerzos, realizando llamados de atención al Consejo General de Muface, al Congreso de los Diputados, a la Comisión Europea y al Defensor del Pueblo. A pesar de la presión acumulada, el Gobierno anunció recientemente una tercera licitación que contempla un aumento superior al 40% en la financiación respecto al convenio actual.

Huelga aplazada y exigencias persistentes

A raíz de esta nueva licitación, CSIF ha decidido aplazar la huelga programada para hoy hasta el 4 de marzo, cuando se espera una resolución definitiva. Sin embargo, la organización sindical deja claro que este aplazamiento no implica un apoyo incondicional; su objetivo sigue siendo encontrar una solución sostenible a la crisis actual y asegurar la continuidad del modelo que atiende a 74.083 mutualistas en Castilla-La Mancha, de los cuales 50.405 son atendidos por aseguradoras.

Las concentraciones realizadas tienen como propósito hacer un llamado tanto al Gobierno como a las aseguradoras para que asuman su responsabilidad ante una crisis que ha puesto en jaque el sistema de mutualismo administrativo. Miles de ciudadanos están lidiando con el temor y la incertidumbre debido a la denegación de pruebas médicas, tratamientos e intervenciones quirúrgicas. En respuesta a esta situación crítica, CSIF ha presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado.

Censura al Ministerio y defensa del modelo

Además, CSIF critica lo que considera un "doble juego" por parte del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que ha cuestionado el modelo de mutualismo administrativo mediante afirmaciones sobre privilegios o eficacia. Es importante destacar que son los propios mutualistas quienes financian el concierto sanitario mediante deducciones mensuales en sus nóminas.

Este sistema concertado ha demostrado ser eficaz tanto en términos económicos como en aliviar la carga sobre los servicios sanitarios públicos. CSIF advierte que integrar a más de 50.400 mutualistas al sistema público podría tener repercusiones devastadoras para el Sescam, ya debilitado por recortes previos.

Pérdida salarial y demandas laborales

En otro ámbito, CSIF también denuncia una notable pérdida del poder adquisitivo entre los empleados públicos, estimada en más del 20% desde 2010. Este declive se produce en una comunidad autónoma donde las tasas de inflación han sido las más altas del país. Por ello, se exige un nuevo acuerdo salarial plurianual vinculado al IPC y una reunión urgente de la Mesa General de Función Pública para discutir aumentos retributivos.

Además, CSIF reclama el abono inmediato del 0,5% adicional correspondiente a enero de 2024, así como avances hacia una oferta pública de empleo para este año y mejoras en las condiciones laborales relacionadas con jubilaciones parciales y procesos de estabilización dentro de las administraciones públicas.

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