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Septiembre como referencia

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miércoles 22 de octubre de 2014, 11:14h

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Los días 1 y 2 de septiembre han pasado a ser una de esas fechas con personalidad propia en el calendario de efemérides, en este caso nefastas para nuestra sociedad por todo lo que conllevan. El día 2 de septiembre de 2011, el PP y el PSOE aprobaron en el Congreso la reforma de la Constitución para limitar el déficit público y dar prioridad absoluta al pago de la deuda, impidiendo así que el Estado pueda endeudarse para financiar los servicios públicos, las políticas sociales o crear empleo. El artículo 135 obliga a priorizar el pago de la deuda sobre cualquier otra necesidad social o económica. En la práctica esta reforma ha supuesto establecer un nuevo núcleo duro de prioridades constitucionales, condenando a un segundo plano, residual, los pilares básicos del Estado de Bienestar. SIGUE
Por eso ahora no es creíble que el PSOE plantee que su prioridad son los servicios públicos, no es posible una cosa y la otra.

Y el 1 de septiembre entran en vigor el grueso de las medidas del nuevo plan de recortes de Rajoy, que implica una agresión sin precedentes a los derechos de los trabajadores, de los pensionistas, de las personas en paro, de los empleados públicos y del conjunto de la ciudadanía. Se trata de un ataque a los fundamentos que hicieron posible nuestro actual sistema constitucional y a los principios de la democracia. Lejos de ser una salida hacia adelante de la crisis suponen una regresión económica y social, y conllevan una involución democrática desconocida hasta la fecha.

Y es que las medidas que el PP ha impuesto, desvirtúan la democracia, se ceban con los sectores más débiles, como son personas paradas, dependientes y pensionistas y privatiza sectores claves como la sanidad pública y servicios sociales, educación, además de los transportes ferroviarios y portuarios. En concreto los recortes salariales y la pérdida de empleos públicos generaran una restricción de la demanda y de la actividad económica auxiliar de estos servicios. En Castilla-La Mancha más de 200 millones de euros se les quita a los trabajadores públicos de salario por la eliminación de la paga extra, que por tanto se retraen de la economía real. Medidas como el aumento del IVA, además de ser uno de los impuestos más regresivos, desiguales, injustos e insolidarios, pone a muchos sectores económicos contra las cuerdas, y perjudica a nuestra región en mayor medida por su dependencia, actual, del sector servicios y del consumo interno, contando además que puede retraer la recaudación propia ya que la adicional se queda íntegramente para el Gobierno central. Para Rajoy, en la oposición, la subida del IVA era “el sablazo del mal gobernante”.

Sin embargo, los ciudadanos están demostrando mediante las movilizaciones que no están dispuestos a sacrificar sus derechos sociales, laborales y democráticos para tapar los agujeros de la Banca. El camino de la rebeldía y la acción sostenida contra estas medidas deben hacer posible que en el próximo mes de septiembre lo que recordemos sea la derrota política de este Gobierno y el modelo de sociedad que nos pretenden imponer.

Daniel Martínez Sáez, Coordinador Regional de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha

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