Madrid ahorrará 143 millones al año con el concurso de los seis hospitales públicos

La Comunidad de Madrid aspira a ahorrar 143 millones de euros al año con la privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales públicos de Madrid. La cantidad supone un 20% menos del actual coste asistencial por habitante calculado por la Consejería de Sanidad. Es el margen "de eficiencia" que los responsables de la Consejería creen que la gestión privada puede obtener en la compra de bienes y servicios, la nueva organización profesional o la incentivación de la plantilla. SIGUE

Un buen negocio para la administración, pero no tanto para los grupos hospitalarios privados interesados. Como publica hoy elEconomista Sanidad, las empresas no tienen claro que con estas condiciones puedan hacer rentables estos hospitales. "El precio de cápita por paciente está realmente muy ajustado", aseguró ayer a este periódico Juan Abarca, director general de HM Hospitales. "De todas formas, vamos a estudiar con detenimiento los pliegos y tomaremos una decisión", admite Abarca.

Capio, otra de las empresas que se postulan para gestionar alguno de los seis hospitales, prefirió ayer no hacer declaraciones. La compañía vive estos meses una oleada de protestas, algunas ante su propia sede, y prefiere mantenerse de momento al margen. El resto de las posibles interesadas -Sanitas, Ribera Salud, Adeslas o Asisa- esperan hacer cálculos con los pliegos delante para tomar una decisión.

Adjudicaciones en junio.-

La Comunidad presentó ayer el borrador de pliegos del concurso público a los jefes de servicio hospitalario de los centros Infanta Leonor, Sureste, Tajo, Infanta Cristina, Henares e Infanta Sofía y hoy informará al Consejo de Gobierno regional. La concesión sera por diez años, sin posibilidad de prórroga.

El coste de la cápita, que es el precio que abona al año la Administración a la concesionaria del servicio por cada habitante asignado al centro, oscilará entre los 473,5 euros del Hospital Sureste y los 518 euros del Infanta Leonor, teniendo en cuenta el tamaño y servicios ofrecidos por cada centro. Esta cápita será más baja de forma provisional en los casos donde haya que compensar la facturación intercentros por pacientes que prefieren ser atendidos en otro centro en lugar del asignado.

El proceso no tiene marcha atrás, aunque el modelo tampoco se extenderá al resto de hospitales. La Comunidad calcula que el próximo mes de septiembre podrían estar las empresas concesionarias dirigiendo los centros. Sanidad abrirá ahora un plazo de una semana para que los profesionales de los centros presenten sus observaciones y sugerencias para aprobar los pliegos a final de mes o principios de mayo, según fuentes de la Consejería.

El plazo de licitación será de un mes para que los grupos sanitarios interesados presenten unas ofertas que tendrán como límite la cápita máxima fijada por Madrid. Serán cinco lotes, ya que los centros del Tajo e Infanta Cristina van juntos. Los licitadores, que deberán acreditar una experiencia de más de cuatro años de gestión sanitaria, sólo podrán optar a la adjudicación de dos lotes.

El precio no será el único criterio de ponderación de las ofertas. Tan sólo computará un 50% en la adjudicación final. El otro 50% valorará el plan asistencial y primará la participación de los profesionales en el accionariado de la concesionaria, entre otros criterios. La Consejería ha preferido avanzar con pies de plomo y recoger buena parte de las propuestas profesionales sobre las condiciones laborales, a pesar de que no se ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos.

Las concesionarias estarán obligadas así a garantizar el empleo a los 5.200 profesionales que trabajan en los seis centros. Al personal estatutario fijo se le ofrece la opción de seguir trabajando en el centro dependiendo del Servicio Madrileño de Salud, que seguiría pagando su nómina que se descontaría a la concesionaria o pedir una excedencia para pasar a formar parte de la plantilla de la concesionaria. En este caso, el profesional quedaría en excedencia especial, con condiciones ventajosas porque no tendría un plazo mínimo de permanencia y se le computaría el tiempo de trabajo en la concesionaria a efectos de antigüedad o de carrera profesional. Una tercera opción sería su traslado a otro centro de la Comunidad.

Para el personal eventual e interino, que representa el 60% de la plantilla de los centros, las concesionarias están obligadas a contratar a todos los profesionales en esta situación, según un contrato laboral que negociarán empresa y trabajador, mientras que el personal laboral se subrogará. Los sindicatos ya anuncian protestas.