Jesús María Muñoz, del PP, ha derribado la señalización que delimita una parcela usando medios públicos en beneficio privado
REDACCION | Miércoles 22 de octubre de 2014
El alcalde de Tendilla, Jesús María Muñoz, del PP, ha sido denunciado ante la Guardia Civil de la localidad y el juzgado de guardia tras derribar por dos veces la señalización que delimita una parcela de la familia de uno de los concejales del Grupo Socialista del Ayuntamiento, causando daños en ella. Según consta en el primero de los escritos de denuncia, fechado el pasado 4 de julio, operarios de la empresa del alcalde procedieron a derribar y posteriormente retirar una viga que hacía las funciones de mojón de señalización de uno de los vértices de la parcela, instalado allí desde hace casi cinco años. Tras denunciar los hechos, los propietarios volvieron a colocar una señal de las mismas características de la anterior, que fue nuevamente derribada por empleados de la empresa del alcalde y supuestamente retirada en esta ocasión por trabajadores del Ayuntamiento, que la trasladaron a unas dependencias municipales. SIGUE
El concejal del Grupo Socialista Carlos Morales, familiar de los propietarios de la parcela invadida, ha explicado que el derribo de la señalización no tiene ninguna justificación, ya que no impide en absoluto el acceso a una parcela colindante que el alcalde acaba de adquirir. “Simplemente estamos ante un nuevo ejemplo de su actitud dictatorial y caciquil, No solo se permite invadir una propiedad privada y causar daños en ella, sino que utiliza medios públicos, pagados por todos, para fines privados”, ha señalado.
Nueva subida de la tasa de recogida de basura
El Grupo Socialista ha denunciado también que, en el último pleno municipal, el alcalde impuso una nueva subida de la tasa por recogida de basuras, la segunda en tres años. De ahora en adelante, los vecinos propietarios de una vivienda tendrán que pagar un 15% más, mientras que el incremento se acerca al 11% para establecimientos industriales, comerciales y hosteleros.
Además, se aprobó una ordenanza sobre seguridad y convivencia con multas que Morales considera exageradas, puesto que las sanciones podrán llegar hasta 750 euros para las infracciones leves y hasta 3.000 euros en casos considerados muy graves. No obstante, lo peor es que faculta al alcalde para imponer sanciones de forma subjetiva, a pesar de que ha dado sobradas muestras de su carácter sectario y nula imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
Prueba de ello es que va a obligar a una vecina octogenaria a gastarse unos 3.000 euros en vallar un muro y poner una puerta metálica en una parcela, supuestamente porque representa un peligro para los transeúntes, pese a que los concejales socialistas han denunciado públicamente en varias ocasiones la existencia de lugares con mayor riesgo de caída y peores consecuencias, ante los que el alcalde ha hecho la vista gorda.
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