Duro varapalo del Tribunal de Cuentas a la gestión del Consistorio de Sigüenza

Aunque actualmente el Ayuntamiento de Sigüenza esté regido por los socialistas, encabezado por Francisco Domingo, lo cierto es que la decisión de solicitar una auditoría al Tribunal de Cuentas fue aprobada por unanimidad el 29 de octubre de 2007. Ambos grupos políticos coinciden en que su deseo por aquel entonces era fiscalizar el período comprendido entre los años 1999 y 2007, pero que el Tribunal de Cuentas sólo audita períodos de dos años, por lo que se seleccionaron ejercicios de 2006 y 2007.



El informe definitivo
Según el portavoz de la oposición en Sigüenza, José Manuel Latre: “el informe definitivo es más duro que el anteproyecto presentado en diciembre, y saca a la luz las deficiencias administrativas del Ayuntamiento. Tanto a nivel de subvenciones, que se pidieron deprisa y corriendo y que luego no se gastaron, como en procedimientos urbanísticos en los que el Ayuntamiento podría haberse embolsado un millón de euros más”. Sin embargo, Latre no atribuye los errores a una mala intención, sino a la “inexperiencia del alcalde, Francisco Domingo, que no ha sido capaz de ver la gravedad de la situación y solucionarla”.

En definitiva, las conclusiones, interpretadas de manera diferente por el equipo de Gobierno y la oposición, son claras. Citando textualmente el informe, al que ha tenido acceso Guadanews: “La gestión municipal en los ejercicios fiscalizados se ha caracterizado por la ausencia de reglamentos, relaciones de puestos de trabajo o procedimientos escritos que determinaran la organización, distribución de competencias y funciones del Ayuntamiento. En general, los medios personales dispuestos para la gestión administrativa no fueron adecuados y el archivo y custodia de la documentación deficientes, lo que repercutió en un débil control interno de la gestión, favorecido a su vez por la movilidad en el puesto de Interventor”.

Por otra parte, el Alcalde ha incumplido la obligación de presentar los presupuestos para su aprobación por el Pleno antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio. Además, en el caso del año 2006, los gastos estaban sobreestimados “habiéndose consignado algunas previsiones de ingresos en cuantías muy superiores a las posibilidades reales”. Las contrataciones de personal con duración determinada por obra o servicio determinado no estaba sustentadas con informes o estudios. Eso, sin hablar de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que condenaron al Ayuntamiento por despido improcedente.

El alcalde se defiende
El equipo de Gobierno mostró antes el anteproyecto del citado informe a la prensa que a la oposición, una extraña puesta en práctica de la transparencia de la que presumen. Consideran que las deficiencias apuntadas son comunes a multitud de Ayuntamientos de la provincia, y le restan gravedad al asunto, insistiendo además en la solvencia del consistorio.