Camacho: “El PP busca coaccionar a la gente para que no proteste contra sus políticas”

“Al Gobierno de Rajoy, tras su ataque brutal a los derechos sociales, ahora le ha salido la vena autoritaria y quiere hacer de la reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana un elemento de coacción para que la gente no acuda a reuniones y manifestaciones de protesta contra esas políticas que están destruyendo la clase media del país y lanzando a muchas personas a la pobreza”. Así comenzó el ex ministro del Interior, Antonio Camacho, su intervención en la mesa redonda organizada por el PSOE de Guadalajara sobre ambos proyectos legislativos del Ejecutivo del PP. SIGUE

Camacho subrayó que el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que pretende imponer Rajoy “genera preocupación en toda Europa, en organizaciones internacionales y en medios de comunicación tan prestigiosos como The Guardian, que hablan de esta ley como una norma que limita la democracia en España”, con limitaciones a los derechos de reunión, de manifestación y de libertad de expresión “hasta el punto de hacernos reflexionar sobre si no es una ley que invade y se opone a los principios de la Constitución”.

En este sentido, el ex ministro del Interior enumeró algunos de los comportamientos que esta Ley y la reforma del Código Penal prevén sancionar con fortísimas multas económicas, de hasta cientos de miles de euros en algunos casos, e incluso penas de cárcel: participación en determinadas manifestaciones ciudadanas, cortes de vía pública, colocación de pancartas en edificios públicos, manifestaciones de funcionarios públicos portando uniforme –incluiría las batas de la marea blanca contra la privatización sanitaria-, colocación de tenderetes para campañas de concienciación ciudadana y recogidas de firmas en sitios públicos, hacer fotos en manifestaciones en las que aparezcan policías –lo que también afecta a la libertad de prensa-, simplemente gritar en una reunión “tomemos el Congreso”, que podría considerarse delito de desórdenes públicos con una pena de 6 años de cárcel, o convocar por internet o teléfonos móviles manifestaciones que la autoridad considere que puede conllevar alguna alteración del orden público, lo que también permitiría la detención de la persona en su propio domicilio.

Confianza absoluta en Policía y Guardia Civil, no en quienes gobiernan.

Antonio Camacho dejó clara su “confianza absoluta en la Policía y la Guardia Civil, pero no en quienes gobiernan en este momento”, que pretenden llevarnos a “una especie de estado policial porque le tienen pánico a las protestas ciudadanas en la calle que, como se ha demostrado en Burgos, pueden parar las locuras que pretenden imponer algunos gobernantes”.

Camacho añadió que “las justificaciones que el Gobierno da en la exposición de motivos de la Ley de Seguridad Ciudadana no se corresponden con la realidad, porque solo el 0,2% de los ciudadanos españoles consideran que hay problemas de seguridad ciudadana en nuestro país”.

La reforma del Código Penal cierra el círculo.

Junto a la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal que pretende llevar a cabo el Gobierno cierra el círculo para coaccionar las expresiones de malestar ciudadano, convirtiendo el 60% de las faltas (infracciones penales menores) en delito, con penas más graves, y convirtiendo otras en procedimientos sancionadores administrativos o en procedimientos civiles, que dificultan la posibilidad de recurrir las sanciones injustas en los juzgados por su mayor coste económico.

Además, según destacó Antonio Camacho, dentro de la reforma del Código Penal se establece como nuevo delito la queja ciudadana mediante ocupación de algunos establecimientos, lo que va dirigido de forma específica a la Plataforma Antidesahucios Hipotecarios, se convierte en delito de atentado la resistencia a un posible exceso policial aunque se haga sin una conducta grave y se elimina la necesidad de acreditar la finalidad de la protesta para acusar a los manifestantes de delitos de desórdenes públicos.

El ex ministro del Interior afirmó, parafraseando a la presidenta de Brasil, que “cualquier gobernante democrático tiene que saber convivir con las manifestaciones, porque es esencial prestar atención a lo que los ciudadanos dicen en cada momento”, algo que contrapuso a la actitud de “quienes gobiernan España en este momento, que están utilizando el Código Penal como un elemento para contener el malestar social”.