La presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara, Ana Guarinos, y el vicepresidente de la Institución, Lorenzo Robisco, han dado cuenta hoy de la situación en la que se encuentra la Fundación Apadrina un Árbol en lo que respecta a la Diputación como patrono que fue hasta el año 2012. Se trata, como ha explicado Robisco, de “una situación de quiebra originada por los anteriores responsables políticos de la Diputación que actuaron de manera totalmente irresponsable acumulando una deuda ingente que se fue incrementando año tras año y que la entonces presidenta María Antonia Pérez León trataba de ocultar reunión tras reunión”. SIGUE
Por su parte, la presidenta de la Diputación ha manifestado que “los actuales responsables, el equipo de Gobierno de la Diputación seguirá trabajando para defender los intereses de la Institución Provincial, que son los de toda la provincia de Guadalajara ante la irresponsabilidad de los que antes tuvieron responsabilidades de Gobierno”.
De esta forma, la Diputación “no reconoce ninguna deuda con la Fundación Apadrina un Árbol, ahora en concurso de acreedores, y cuya deuda que reclama fue comprometida verbalmente, sin que nunca se haya presupuestado, ni reclamado, ni reconocido”, ha dicho Robisco explicando que en varias ocasiones fue la propia presidenta de la Diputación, María Antonia Pérez León, quien actuó también como presidenta de la Fundación en ausencia del presidente (el titular de la Fundación Rayet). De esta forma, “es ella misma quien reconoce que existen una serie de deudas comprometidas verbalmente que nunca se han presupuestado, que nunca se han reclamado, que nunca se han reconocido y, por tanto, la Diputación Provincial no debe nada”. “Tanto los anteriores consejeros de la Junta de Castilla-La Mancha, como la anterior presidenta, prometen dinero que no llevan a los presupuestos, lo prometen entendemos que a título personal o particular, y nunca ejerciendo sus funciones de responsable o administrador público porque no se lleva a Pleno”, ha denunciado Robisco apuntando que “esto es exactamente lo mismo que se va produciendo en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”.
“Se empezaron a pedir pequeñas cantidades, se fueron incrementando las cantidades de préstamo, de pólizas de crédito en Caja Guadalajara, se empezó a dejar de pagar a trabajadores, a suprimir empleos, se dejó de pagar a proveedores y la situación se fue haciendo insostenible”, explica el también diputado delegado de Economía y Hacienda, “y toda esta situación se viene tapando asamblea tras asamblea, año tras año, 2007, 2008, 2009, 2010”.
A parte de las cantidades que se reclaman tanto a Diputación como a la Junta de Comunidades, hay que tener en cuenta que “de forma simultánea se está generando un agujero en la Tesorería general de la Seguridad Social, en Hacienda, dejan de pagar la luz, no pagan a trabajadores, ni a proveedores, no pagan absolutamente nada… con lo cual, el actual equipo de Gobierno propuso hace ya casi dos años, y así se aceptó, la salida de la Diputación de la Fundación porque no se podía acumular mayor deuda”.
Un préstamo de un millón de euros cinco días después de las elecciones
El vicepresidente de la Institución Provincial también ha relatado cómo el 8 de junio del año 2011, exactamente 16 días después de las elecciones municipales, y actuando en funciones Pérez León, el director general de la Fundación dice que “se está intentando por todos los medios la firma de la renovación de la póliza de crédito suscrita con Caja Guadalajara, hoy Caja Sol, para poder disponer de las cantidades que nos tienen retenidas pero hasta el momento no se ha conseguido”. “Eso lo dice el 8 de junio y de forma falsa porque el 27 de mayo, cinco días después de las elecciones municipales que perdió el Partido Socialista, se firmó un contrato de préstamo con Caja Sol de 975.000 euros”, ha dicho Robisco.
Además, ha recordado cómo en la reunión de 21 de diciembre de 2009, en mitad del mandato anterior, final de un año difícil en el que se genera una deuda importante, “María Antonia Pérez León vuelve a ejercer como presidenta de la Fundación, en ausencia del presidente, y avisa de la necesidad de acudir a una línea de crédito señalando que la situación de la Fundación es crítica, que se deben 300.000 euros por parte de Diputación y 600.000 euros por parte de la Junta”. Y a estos efectos, “se faculta al director general, según figura en el acta de dicha asamblea, para que haga cuantas gestiones sean necesarias con dicha entidad (Caja Guadalajara, entonces) u otras para elevar la cuenta de crédito de un millón de euros a 1.300.000 euros”. “Para que vean cómo iban generando una deuda extraordinaria”, ha lamentado Robisco, informando que “todo esto lo refleja la interventora judicial del concurso de acreedores en el estudio que está en estos momentos en el juzgado”.
Como todo esto se produce así, y la situación es insostenible, después de salirse la Diputación y la Junta, los que quedan en la Fundación presentan el concurso de acreedores, “pero lo hacen valiéndose de todas estas promesas verbales acumuladas para decir que la deuda no es tan grande, que se va compensando, y de forma ficticia van cuadrando las cuentas en la Fundación, porque esto no era más que una forma ficticia de intentar cuadrar el balance, la contabilidad y el presupuesto”, ha afirmado.