La Fiscalía no ve delito y pide cerrar el caso de la campaña electoral de PP de Castilla-La Mancha

La Fiscalía Anticorrupción no ha encontrado indicios de delito en el supuesto pago de 200.000 euros para una campaña electoral de María Dolores de Cospedal a cambio de una contrata. Tampoco en las decenas de entregas de dinero B que recogen los papeles de Luis Bárcenas, por las que la Audiencia Nacional mantiene imputados a 17 empresarios.

En un escrito presentado al juez Pablo Ruz, el fiscal Antonio Romeral solicita levantar la imputación al ex gerente del PP castellano-manchego José Ángel Cañas. El imputado presentó un escrito reclamando el archivo de la causa y el juez pidió opinión al fiscal. La respuesta es que no hay indicios de que ese dinero fuera para lograr una adjudicación, es decir, que supusiera un cohecho.

El fiscal se basa en los informes que la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía (Udef) y la Intervención General del Estado (Igae) elaboraron específicamente sobre la contrata de limpieza. Cuando hace un mes los autores de los informes los ratificaron en el juzgado, el fiscal empezó a preparar las solicitudes de archivo. "La conclusión a la que llegan los referidos informes [...] no es otra que la de no poder establecer una vinculación o relación entre la entrega del dinero y la adjudicación del contrato público", dice su escrito.

"Estas circunstancias probatorias y procesales", prosigue el fiscal, "unidas a la ausencia de otros elementos que contradigan la conclusión de los informes, determina que no resulte justificada la comisión de los delitos que pudieran constituir los hechos imputados a José Ángel Cañas".

La solicitud del fiscal al juez Ruz -que puede tanto seguir como apartarse de ese criterio- supondría cerrar la investigación de los papeles referida a la campaña de Cospedal.