El candidato socialista José Luis Blanco, también imputado por presunta estafa

José Luis Blanco, actual concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y candidato del PSOE a la Alcaldía de este municipio, también tendrá que verse ante el juez como imputado por un presunto delito de estafa en las obras del Centro Joven de la localidad. Será el próximo 6 de julio, siguiendo así los pasos del que aún es primer edil azudense y secretario general del PSOE en Guadalajara, Pablo Bellido, quien ya declaró por esta misma cuestión y también como imputado el pasado 17 de marzo.

Al igual que la imputación de Bellido, se centra en que es el máximo responsable de todo lo que ocurre en el Ayuntamiento de Azuqueca, por ser su alcalde, José Luis Blanco responderá a la acusación como concejal de Hacienda y Desarrollo Sostenible. Y es que la denuncia del PP sostiene que, como se desprende de los Plenos, él era el encargado del seguimiento de la obra, por lo que debía conocer las supuestas irregularidades que tuvieron lugar en los trabajos.

Page apoya imputados

El anuncio de la imputación de Blanco saltaba en plena precampaña electoral. Por eso, en estas fechas, tanto el líder de los socialistas de Castilla-La Mancha y candidato a presidir la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, como el secretario general de los socialistas a nivel nacional, Pedro Sánchez, habían acudido a apoyar la candidatura del propio Blanco en un acto del PSOE en Azuqueca. También estaba presente en el mismo Pablo Bellido, ya imputado con anterioridad, por lo que tanto Page como Sánchez contravinieron el Código Ético del Partido Socialista, al dar su apoyo a dos políticos que tienen procesos abiertos con la justicia.

Lo mismo ocurría con el vasco Eduardo Madina, diputado nacional socialista que disputó la Secretaría General a Sánchez y que acudía al municipio azudense pocos días después, también para mostrar su apoyo a Blanco de cara a las elecciones municipales del 24 de mayo, ya sabiendo que estaba imputado.

Más imputados

Bellido y Blanco no serán los únicos que se verán ante el juez por este proceso. Lo mismo ocurrirá con el arquitecto director de la obra y el ingeniero técnico de Obras Públicas, ya que la denuncia exponía su responsabilidad derivada de la aprobación de unas certificaciones de obra que no se corresponden con la realidad, estando sus firmas en los documentos que lo acreditan, así como en la liquidación de la obra.

Lo mismo ocurrirá con la empresa Seranco S.A. y sus responsables, ya que la denuncia del PP afirma que supuestamente habrían girado unas facturas por unos trabajos que no se corresponden con la realidad, así como por haber ofertado unas mejoras que nunca llegaron a realizarse antes de la liquidación.

Posibles irregularidades

Recordando el caso, los hechos se remiten a mayo de 2013, cuando el Ayuntamiento azudense adjudicó a la empresa constructora Seranco S.A. estas obras en el Centro Joven, al norte de Azuqueca de Henares.

El presupuesto de adjudicación fue de 809.477 euros, más una serie de mejoras sin coste alguno para el Ayuntamiento, valoradas en 405.159,45 euros. Tras la apertura de las ofertas económicas de las empresas interesadas en la obra, se produjo un empate entre Seranco y Dragados, ganando la primera por sorteo, ofertando una baja superior al 10% (10,04%), así como la ejecución de las nueve mejoras propuestas.

La denuncia afirma que tras la liquidación de la obra, se han comprobado discrepancias entre lo proyectado en un principio, lo ejecutado, lo certificado, las cantidades abonadas y las mejoras que se deberían haber ejecutado, con una pérdida para los vecinos de Azuqueca de 470.386 euros, que se han pagado, sin que corresponda a lo realizado.

Partidas sospechosas

Algunas de las discrepancias entre lo pagado y lo realizado son especialmente llamativas, afirma la denuncia. Llama la atención la discrepancia observada en el tipo de luminaria colocada, ya que se habían proyectado farolas de tres metros y las que se han colocado miden únicamente… ¡¡62 centímetros!! Sin embargo, se han pagado como si fueran las primeras, con una diferencia por farola de 1.259 euros entre una y otra, siendo 12.590 euros la cuantía total que se ha pagado de más.

Otra de las cuestiones de la denuncia es el hormigón magro en base. La medición real de lo ejecutado en esta partida (lo que se ha hecho) asciende a 508,68 metros cúbicos, inferior a lo presupuestado previamente, 759,70 metros cúbicos. Sin embargo, lo certificado y finalmente pagado es de 5.129,75 m3 (¡¡diez veces superior!!), con una diferencia económica de 95.009,20 euros.

Algo similar ocurre con las rampas de hormigón gunitado, que se contempla en metros lineales con un importe de 1.542 euros por metro. Ya que el desarrollo de las rampas es de 2,6 metros, el importe por metro cuadrado es de 593 euros, muy superior a un precio habitual, de 250 euros. Por ello, en esta partida habría un sobrecoste de 62.426 euros, a los que hay que añadir 10.192,62 euros producidos por la diferencia de medición entre la obra realmente ejecutada y la certificada.

Estos y otros desfases económicos, según la denuncia, hacen los 470.386 euros pagados de más por estas obras. Dicho de otro modo, en el importe final de la liquidación, se ha facturado un 27,57% más de lo que realmente se ha realizado, mientras que en las mejoras prometidas por la empresa se ha dejado de ejecutar un 55,34% de las misas.

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

La denuncia expone que ha tenido lugar un enriquecimiento injusto, afirmando que lo que se ha certificado no se corresponde con lo que se ha ejecutado. Explica que se han sustituido elementos de obra por otros de inferior calidad y precio, al igual que gran parte de las mejoras comprometidas no se han realizado, lo que supone un grave daño para las arcas del Ayuntamiento de Azuqueca.

PENAS A LAS QUE SE ENFRENTARÍAN LOS SOCIALISTAS JOSÉ LUIS BLANCO Y PABLO BELLIDO

Delito de Estafa: El delito de estafa se regula en los artículos 248 y siguientes del Código Penal. Y en este caso concreto, por aplicación del apartado 2º del art. 250, podríamos sostener que “de confirmarse la autoría de Bellido y Blanco en la estafa, se enfrentaría a una pena de cárcel de hasta 8 años”. Esto es así por concurrir dos de las circunstancias del art. 250, en concreto:1.º “La estafa recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social”. En este caso, hablamos de dinero público, cuya utilidad social es incuestionable.5.º Cuando el valor de la defraudación supere los 50.000 euros. (La cuantía de la presunta estafa asciende a 470.386 euros).Así pues, Bellido se enfrentaría a una Pena de Cárcel de OCHO AÑOS.

Multa: De 12 a 24 meses. La cuantía se determina por días-multa, con un mínimo de 2 € y un máximo de 400 €, lo que implica que se podría enfrentar a una multa en una horquilla desde los 700 hasta los 288.000 euros Responsabilidad civil: Además, debería de hacer frente, con carácter solidario, a la devolución de la cuantía estafada.Inhabilitación: De conformidad con el art. 56 del Código Penal : “En las penas de prisión de hasta diez años, los Jueces o Tribunales impondrán, como penas accesorias alguna de las siguientes: suspensión de empleo o cargo público, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, o inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio o cualquier otro derecho, si éstos hubieren tenido relación directa con el delito cometido…”Esto se traduciría en la pérdida de Bellido y Blanco de su condición de cargo público y la imposibilidad de serlo durante el tiempo que dure la condena, o sea, hasta los ocho años.


¿POSIBLE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PSOE?

Los hechos de la denuncia sobre las obras en el Centro Joven de Azuqueca de Henares recuerdan a otros casos ocurridos en la provincia de Guadalajara y en la región, en los que se inflaron facturas con sobrecostes, o se pagaron por trabajos que no se realizaron.

El caso Cuadrifolio

Algo que ha disparado todas las alarmas, se está investigando con la relación entre el Gobierno regional en el periodo de José María Barreda y la empresa Cuadrfolio, un caso en el que se podrían haber inflado facturas pagadas a esta mercantil para que la Junta financiara ilícitamente, vía la empresa Cuadrifolio, actos electoralistas del PSOE. La Fiscalía, investiga en la actualidad un volumen de contratación de esta empresa de 10 millones de euros con la Junta socialista de Barreda.

Obras nunca realizadas

Otro caso llamativo fue el del polideportivo de Alovera. En él, el ex director general de Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, el socialista Roberto Parra, certificó un pago de 53.289 euros a la empresa Construcciones Tecdeco por una reforma llevada a cabo en el pabellón aloverano, sin que dichas obras, según la denuncia, NUNCA llegaran a efectuarse.

Por esta cuestión, el Equipo de Gobierno se querelló contra el ex dirigente socialista. Sin embargo, más tarde tuvo que ampliar la querella por otros dos casos idénticos.

Uno de ellos, según se denunció, también correspondía a un municipio de la provincia de Guadalajara, Pozo de Guadalajara, para el que el Ejecutivo socialista destinó 57.700 euros a unos trabajos no realizados.

Mientras, en Ciudad Real, en el municipio de Abenójar, ocurría lo mismo para la supuesta reforma de un pabellón deportivo, por la que se habrían abonado 55.718,80 euros.