CASTILLA-LA MANCHA

Lea aquí la entrevista del Consejero de Economía y Hacienda de la Junta al diario Expansión. No tiene desperdicio. "Ningún banco estaba dispuesto a financiar a Castilla la Mancha"

Acaba de plantear el ajuste más ambicioso de una comunidad autónoma. Asegura que el proyecto desbloquea la financiación y evita la “quiebra

REDACCION | Miércoles 22 de octubre de 2014
Entrevista concedida por el Consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Diego Valle, al diario EXPANSION (Expansión.com) firmada por J.J. Marcos.- La sede de la Consejería de Economía del gobierno de Castilla-La Mancha se ubica en el edificio de El Nuncio de Toledo, ideado como un centro para enfermos mentales en el siglo XVII. De manicomio estaban también las cuentas públicas que se encontró Diego Valle (Málaga, 1950) en 2011. Los números rojos se habían vuelto locos de atar y Valle ha sido el encargado de pergeñar una dura cura de recortes junto a la presidenta manchega, Dolores de Cospedal. La magnitud del ajuste ha sorprendido a propios y a extraños y ha sido motivo de comentario incluso fuera de España. Asegura que no le quedaba otro remedio. La alternativa era la quiebra. El consejero de Economía manchego narra para EXPANSIÓN la locura contable a la que se enfrentó y cómo se fraguó el plan.

Mariano Rajoy ha calificado el recortazo de Castilla-La Mancha como “ejemplo”. ¿Se siente así? Nosotros preferimos hablar de plan de racionalización y de garantías de los servicios básicos. ¿Se han encontrado todo tan mal como esperaba? Estaba tan mal como era previsible. La cuenta de 2010 provisional estaba publicada en marzo, antes de las elecciones, y ya indicaba que Castilla-La Mancha era la región más endeudada de España. No era presunción, teníamos una base numérica. Era el 6,49% del PIB. SIGUE



Y qué fue lo primero que hicieron al llegar?
Concretar un estado de la situación. Hubo quien se alarmó. Nosotros entendemos que lo normal es ver cómo están las cosas. Recabamos información y lo direccionó todo la Intervención General, con equipos nombrados por el gobierno anterior.

¿Qué encontraron?
Pedimos a los gestores que hicieran un balance de situación, pero que estuviera con los criterios de cierre de año. Queríamos una foto. Se pusieron de manifiesto tres cuestiones. La primera fueron la deuda y el déficit. Lo que había contabilizado en términos presupuestarios era el 4,2% del PIB. Si tenías en cuenta el dato real, aquello que no estaba contabilizado pero que debía estarlo, con facturas no contabilizadas, en términos presupuestarios nos fuimos al 6,4% y en Contabilidad Nacional al 4,9%. El objetivo de todo el año era el 1,3%. La otra cuestión dramática era la de pagos y cobros. En este aspecto de Tesorería nos encontramos que había obligaciones reconocidas contabilizadas pendientes de pago por valor de 1.777 millones. Había también facturas digamos pendientes de contabilizar por 830 millones. En total, 2.606 millones. Casi 500 millones estaban registradas pero no contabilizadas. Esto fue lo que nos encontramos: un gravísimo problema de tesorería. Teníamos 2.606 millones de facturas y una cuenta corriente de 37 millones.

¿A dónde acudieron?
Fuimos a buscar fondos a las entidades financieras. Como el asunto es estructural, lo lógico era haber ido a largo plazo. Pero eso lo tiene que autorizar Hacienda [con el límite del 1,3% de déficit]. En nuestro caso, era aritméticamente imposible. Como tenemos que resolver el problema de tesorería, vamos a ir al mal menor: la financiación a corto. Planteando a las entidades financieras que voy a hacer mi plan de ajuste. Voy a corto y luego lo convierto en largo. Así que fuimos a nueve entidades financieras, que nos dieron el mismo tratamiento que a cualquier cliente. Los créditos están duros para todos. La bajada de ráting y la observación de las agencias, tanto de nosotros como de España, es lo que más les preocupa. Y encima de todo, agosto. El peor escenario. La mayoría nos decía que aunque fuera a corto querían conocer las cuentas. Querían tener el plan. Había buena voluntad...

Pero ni un duro. Claro. Eso fue lo que nos hizo pasar el mejor agosto de mi vida. Nos tuvimos que poner todos a elaborar el plan. Lo cerramos el martes. No queremos explicitarlo, por educación administrativa, por no hacer de menos a Hacienda, que tiene que ser nuestro socio en aprobarlo, pero hemos hecho un resumen ejecutivo en el que hemos incluido a las entidades financieras para que lo analicen. Como le piden a todo el mundo cuentas y balances. Hay gente a la que le ha sorprendido. A mí me parece lo más normal.

¿Cuánto necesita emitir a corto Castilla-La Mancha?
Lo que estamos pidiendo son 850 millones de euros que serán de corto-corto. Lo razonable es que en septiembre se aprueben las cuentas de 2010. En la primera quincena de octubre presentamos el Plan Económico y lo cerramos… nos vamos allí con la acampada si hace falta. Entonces estaríamos pendientes del próximo CPFF. Con las elecciones el 20N, puede demorar como mucho a enero. En este ínterin, si las entidades reciben el input de que sólo quedan aprobaciones formales, empezaríamos a negociar la deuda a largo. En los primeros meses de 2012 esto tiene que aclararse por narices. Lo que nos preocupa es conseguir el corto para mientras tanto. Con la presión de la banca por conocerlo para entrar en el corto, nos pusimos las pilas.

Un ajuste tan fuerte tendrá un impacto en la actividad.

Esta medida la estamos anticipando a marchas forzadas porque teníamos que exponérselas a los bancos para que nos dieran la financiación a corto. Si no lo hacemos, los bancos no lo consideran suficiente, no nos dan dinero y lo que nos cargamos es la actividad por deudas contraídas hace un año. Por eso nosotros estamos convencidos que el empleo no tiene porqué sufrir una merma.

¿Se puede recortar el gasto sin tocar los servicios sociales? ¿Existe de verdad la dieta Cospedal?
Hay gastos que hemos recortado que llamamos superfluos. Aunque hubiéramos llegado y esto fuera Jauja, hubiéramos hecho lo mismo. Ejemplos: la flota de vehículos, recortes de altos cargos, la embajada en Bruselas... Tenemos un segundo grupo de ajustes en gastos prescindibles en estos momentos. Ejemplos: la reducción de alquileres y de medios informáticos, de medios materiales. No hemos ido a una reconducción; hemos dicho que no se compra. Después, hay un tercer tipo de gasto que lo podemos considerar como muy conveniente, y que ojalá levantemos cabeza y volvamos a ello, como el turismo social y el termalismo.

¿Y los servicios sociales?
Para garantizar los servicios sociales básicos es para lo que se suspende o se elimina todo lo anterior. Igual de importante que el qué recortamos es el cómo. Vamos a gestionar aprovechando las sinergias y las economías de escala. Lo primero será priorizar el factor precio en los contratos. La proporción de precio llegará al 80% y al 20% la parte subjetiva. Vamos a homogeneizar los pliegos de prescripciones. Y por último vamos a implementar las centrales de compra.

¿Qué harán con las empresas públicas?
Vamos a actuar en aquellas en que tenemos más del 90%. Hay algunas que eran unidades administrativas de la propia casa y que se convirtieron en empresas. Ahora volverán. Hay otras que no son propias de la Administración, ni siquiera en sentido amplio.

¿Algún ejemplo?
El aeropuerto.

¿Qué harán con él?
Está en concurso, lo que decida la junta acreedores.

¿Cómo afectará todo el plan a las plantillas?
Por un lado, con la supresión de altos cargos, gabinetes, conductores… Por otro lado, no se sacará oferta de empleo en 2012. No habrá tasa de reposición. La Administración puede menguar en unas 1.327 personas.

¿Y las obras públicas?
Con carácter general no se concretará obra nueva alguna y, respecto a las ya en marcha, se procederá en función de las necesidades presupuestarias a realizar las correspondientes reprogramaciones o desistimientos. Con esto se ahorrará unos 248 millones.

¿Cree que otras CCAA harán lo mismo que ustedes?
En la situación actual, todas las CCAA excepto Cataluña y nosotros tienen aprobado el PEF. En el último CPFF, se aprobó Baleares, Extremadura, Andalucía y Valencia, con la campaña. Nosotros creíamos imprescindible partir de la situación real y eso te lleva unos días. Probablemente algún colega mío de Hacienda entendió que era mejor aprobar un plan con menos rigor pero salir de la situación. Son opciones válidas y legítimas. Esas CCAA que optaron por esta solución, que les aprobó CPFF el plan, han estado en agosto en contacto con las entidades financieras. En nuestro caso, puede caber una valoración de la entidad para entrar o no en la operación que hemos propuesto de corto. A mí me costa que algunas otras regiones ya lo están implementando.

“Descartamos la auditoría externa para acelerar plazos”
¿Por qué no pidieron una auditoría externa?
Reflexionamos sobre eso incluso antes de llegar al cargo. Teníamos el precedente de Cataluña y las connotaciones que se había querido dar a esa contratación. A mi juicio creo que muchos críticos no se leyeron el pliego de Cataluña, pero la reacción fue muy extendida. No lo hicimos por dos cuestiones. Teniendo un órgano independiente, la sindicatura de Cuentas, parecía más conveniente ofrecerle que hiciera un informe sobre el documento que habíamos elaborado. Se han retrasado un poco. También nos decidimos por la incidencia de la tesorería, se nos podía dilatar el plazo de verificación o de contraste de la información.

¿Qué podría haber pasado sin este ajuste para forzar el 1,3%?
La quiebra. Teníamos que alcanzar esa cantidad. Hemos visto qué ingresos tenemos del Estado, los propios y ese margen de déficit. Eso nos ha dado la cifra de gastos a la que tenemos que llegar, los 1.815 millones de los que habló la presidenta al presentar el plan.

¿Aplazamiento a la Seguridad Social o rebaja fiscal?
Valle conoce los vericuetos de las cuentas públicas desde distintos lados de la barrera. Pertenece al Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad desde 1979. Ha sido vocal asesor de la Intervención General, por lo que conoce lo que cuesta domeñar el déficit. También ha sido secretario del Servicio de Empleo de Madrid, director Económico de Correos, secretario del Instituto de Migraciones o subdirector del Instituto de la Seguridad Social y sabe de las consecuencias de los recortes. Asegura que el ajuste presentado no tenía vuelta de hoja. “Los recursos propios son 212,5 millones, un 3% del total”, arguye. “La transferencia mensual del Estado es de 345 millones” y la nómina líquida, los pagos de deuda, IRPF y Seguridad Social “ascienden ya a 270 millones; se lo come casi todo”. De hecho, la Junta manchega hasta se ha planteado pedir aplazamientos de la cuota empresarial a la Seguridad Social, “pero es que hay un recargo del 20”, apunta. El programa de Cospedal ni se cuestiona, incluso se estudia una rebaja fiscal por el “efecto frontera” que ejerce Madrid.


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