Algunas cartas del Hospital Universitario de Guadalajara
REDACCION | Miércoles 22 de octubre de 2014
Parece que se están enviando cartas a afiliados y cotizantes españoles de la Seguridad Social, a los que se les inicia procedimiento previo a la reclamación de pago por acto médico. Estas cartas suelen ser unos curiosos documentos escritos con caracteres de impresora pero también con bolígrafo, mediante las que se exige (deberá) la puesta en contacto con la unidad de cargos del Hospital Universitario de Guadalajara. Dicha carta no aparece firmada por nadie, ni se identifica al autor de la misma con nombre y apellidos, exigencias ambas de nuestro procedimiento administrativo (parece que pueden proceder del Director de Gestión y Serv. Gene). La Ley General de la Seguridad Social tiene por objeto desarrollar el derecho de los españoles a la Seguridad Social, todos, unos en su modalidad contributiva y otros en su modalidad no contributiva. En su modalidad contributiva, y para un correcto control de personas, existen unas bases de datos que registran la la afiliación de las personas, de modo que pueden ser consultados los datos en ellas establecidos, que además han facilitado y cedido las personas que en ellos figuran, y que sirven para resolver las cuestiones que se plantean en las cartas a las que hago referencia, sin necesidad del envío de las mismas. Estas cartas, deben ser contestadas por los interesados mediante correo certificado con acuse de recibo, pues de lo contrario podrían verse inmersos en un expediente de reclamación de deuda, y este tipo de expediente, mal iniciado, mal tramitado, y sin base legal que lo sustente, podría convertirse por el paso de los plazos concedidos en un embargo de cantidad. SIGUE
Que podría resolverse posteriormente de forma favorable en algunos tribunales, pero sin garantía de que así sea en todos.
En cualquier caso este tipo de expedientes, no supone otra cosa que gastos al contribuyente por una actuación irregular de la Administración de la Seguridad Social (Sescam).
Pero es que además tratándose de españoles empadronados en España, en su modalidad no contributiva, tienen derecho a la atención sanitaria, sin tener obligación de reclamárseles cantidad alguna por dicha atención.
Es de suponer que esta actitud se tiene en relación con los extranjeros que están en España de forma legal e ilegal, que acuden al sistema para que les trate, y que suponen un gasto cuantiosísimo, del que no se nos dan cifras, y que en caso de ser así no solo supone una desigualdad de trato, sino un trato abusivo hacia los españoles, que podría suponer un delito en relación con diversos derechos.
Todo ello en el ámbito de una Ley que hace desde su art 7 que el texto legal sea una ficción jurídica, pues potencialmente se puede atender a un mínimo de 400 millones de personas sin que estos tengan que cotizar en forma alguna, excepto los contribuyentes españoles, que cotizan, sobre los que recae mayoritariamente el peso económico del sistema. Mientras que la realidad demuestra que bajo estas circunstancia, para el caso de esta atención multitudinaria no existen ni recursos humanos, ni técnicos, ni naturalmente económicos. Con mucho menos ya tenemos los problemas de atención y económicos, que inciden negativamente en la salud de los españoles, que por otro lado empiezan a saltar en los medios de comunicación, llevando a situaciones verdaderamente escandalosas.
Fernando M. Chausa Hdez.
Abogado
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