"Mi voto al PSOE es incompatible con el préstamo de 4 senadores a los separatistas catalanes"

ESCRIBO estas líneas desde lo que históricamente fue la España de la marginación, de la falta de oportunidades y de la sangría de la emigración. Muchos no estamos dispuestos a que, una vez más, el silencio nos haga cómplices de procesos que marginen a nuestros territorios. Me atengo, pues, a una estricta lealtad al proyecto político encarnado en la Constitución de 1978, y reivindico mi derecho, y el de millones de ciudadanos, a no ser considerados sospechosos de nada por el simple hecho de defender, junto con quienes compartan esta visión positiva, el texto constitucional y lo que está significando para España.

En Cataluña ha comenzado a desarrollarse un proceso de toma de decisiones sobre el que tenemos, no ya el derecho, sino el deber de explicitar nuestra posición como ciudadanos españoles. Si en el mundo interconectado en el que estamos viviendo, nos afectan los acuerdos de la OMC o un reglamento comunitario, ¿cómo no nos va a afectar todo lo que ocurre en nuestro país? Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y otros territorios de la España menos desarrollada se vieron relegados, durante décadas, por decisiones, indiscutidas desde esos territorios, de la política nacional. El silencio o la desatención de cuanto nos afectaba fue el caldo de cultivo de un secular abandono únicamente corregido desde que la Constitución de 1978 nos posibilitó constituirnos en comunidades autónomas, lo que nos ha permitido avanzar en la convergencia con el resto de España.

Y, cuando por fin una Constitución, la española, nos garantiza, a los ciudadanos de estos territorios marginados históricamente, la condición de ciudadanos españoles, cuando comenzamos a ocupar un sitio en España que nos permite imaginar y construir nuestro futuro como pueblos, surge un frente independentista que pretende poner en cuestión el concepto de España, el concepto de soberanía, el concepto de solidaridad entre todos los españoles y el concepto de igualdad entre todos los territorios que conforman España. Estamos ante un desafío de los partidos independentistas que, como se plasmó en la resolución del Parlamento catalán del pasado 11 de noviembre, tiene como objetivo sobrepasar la Constitución para independizar a un territorio ya privilegiado históricamente, para poner en cuestión la soberanía nacional y para establecer una nueva territorialidad.

Tuve la desgracia de haber sufrido junto con otros un secuestro el 23 de febrero de 1981. Un grupo de guardias civiles, mandados por Antonio Tejero, teniente coronel del Benemérito cuerpo, tomaron a golpe de metralleta el Congreso de los Diputados. Aún resuenan en mis oídos los disparos que, como saben todos cuantos visitan el Parlamento español, dejaron sus huellas en paredes y en la claraboya central del hemiciclo. Pero por encima del ruido de las balas en mi siguen tronando las palabras que un capitán sedicioso pronunció desde la tribuna de oradores a las pocas horas de haber asaltado el recinto donde anida la soberanía popular: "Quédense tranquilos. No va a pasar nada. Vamos a esperar que la autoridad, militar por supuesto, diga lo haya que hacer". De vez en cuando se les oía decir que ellos no seguirían más mandato que las órdenes emanadas de esa autoridad militar.

Esa experiencia es la que permite que no me deje impresionar por la liturgia independentista seguida en el debate de investidura y en la toma de posesión del nuevo presidente de la Comunidad Autónoma catalana. Me sonó a ya oído eso de que «Nada ni nadie está por encima del pueblo catalán». Tejero, la señora Forcadell y el presidente Puigdemont se rigen por el mismo esquema sedicioso: la Constitución les importa un pimiento porque uno y otros se rigen por mandatos etéreos (autoridad militar desconocida, uno y pueblo catalán indefinido, otros).

La única diferencia entre ellos radica en la posición mantenida por nosotros, los demócratas, frente a la sedición de unos y otros. Por haberlo sufrido en tantas ocasiones, los demócratas españoles estamos psicológicamente preparados para hacer frente al golpismo procedente de los aledaños del sistema constitucional, pero no sabemos cómo reaccionar frente al golpismo desde dentro del propio sistema. No teníamos ninguna duda de que el destino de Tejero y los secuaces que le acompañaron o impulsaron era juicio por sedición armada y la prisión. Pero da la sensación de que no sabemos qué hacer cuando la sedición procede del interior de las instituciones constitucionales.

Visto lo que está ocurriendo en España desde hace cuatro años, ya va siendo hora de que aprendamos a reaccionar para poner en su sitio a los golpistas de guante blanco. Ya es hora de que sean esos golpistas los que sepan a qué atenerse cuando desafíen el ordenamiento constitucional.

El presidente que acaba de tomar posesión en Cataluña ha dicho que «estamos ahogados, humillados, desatendidos por las instituciones del Estado y menospreciados». Parece deducirse que ese ahogamiento, esa humillación, esa desatención y ese menosprecio constituyen las razones fundamentales que explican sus deseos de desconectar con un Estado que tan mal se comporta con ellos. Puesto que durante la dictadura franquista no desafiaron la unidad de España de la forma en que pretenden hacerlo en la democracia, se podría concluir que con Franco no se consideraron humillados, ahogados, desatendidos o menospreciados. Si consideran que la Constitución es más débil que las Leyes Fundamentales de la dictadura, ya llegó la hora de que les saquemos de su error.

Y llegó, también, el momento de que el espíritu democrático que anima a la dirección de los socialistas españoles no pueda ser confundido con debilidad o chalaneo con quienes aspiran a romper la concordia y la convivencia entre los españoles. Mi voto al PSOE resulta incompatible con el préstamo de cuatro senadores a ERC y Democràcia i Llibertad. Ya sé que es saludable que todos puedan tener grupo parlamentario en la Cámara de representación territorial. Ellos que fueron juntos en las elecciones del 27 de septiembre, pueden juntar a sus dieciséis senadores para formar un grupo que les permita defender las posiciones independentistas que defienden juntos en Cataluña.

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA FUE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA