Page ha aceptado "el chantaje de Podemos" de recortar la financiación a la Iglesia y reducir la financiación de la educación pública concertada
REDACCION | Sábado 27 de febrero de 2016
El secretario de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, ha explicado el contenido de esta resolución presentada en las Cortes regionales, que forma parte del acuerdo entre el PSOE y Podemos para la tramitación de los presupuestos de la Junta en 2016. El segundo punto del acuerdo era la congelación este año de la financiación a la educación concertada.
Page y Podemos han registrado una iniciativa parlamentaria por la que instan al Gobierno de España a suspender los acuerdos internacionales que obligan a las comunidades a financiar los servicios religiosos en el ámbito de los servicios públicos como la sanidad, la educación o el bienestar social.
En Castilla-La Mancha, el presupuesto de 2016 contempla 408.000 euros para la sanidad, la misma cantidad que recogían las cuentas del anterior Gobierno del PP; y 10.000 para bienestar social, un poco más de los 8.710 euros de 2015.
La iniciativa presentada por ambos grupos, que se debatirá en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, consta de dos puntos.
En el primero, piden que las Cortes de Castilla-La Mancha insten al Gobierno de España a garantizar la libertad de cualquier persona a recibir la atención religiosa que precise de acuerdo a su confesión, sin discriminación de ningún tipo.
Y, en el segundo, instan al Gobierno de España a suspender cualquier disposición derivada de acuerdos y convenios internacionales que trasladen la obligación a las comunidades autónomas de financiar con dinero público los servicios religiosos de cualquier confesión particular en el ámbito de los servicios públicos como la sanidad, la educación o el bienestar social.
La portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha indicado que "nos satisface muchísimo haber encontrado un entendimiento con Podemos sobre la atención religiosa en servicios públicos".
Según informa el diario ABC este sábado, desde la Conferencia Episcopal se afronta este ataque con serenidad. El director de Pastoral de Salud, Jesús Martínez, aseguró que "no pasa nada. No tenemos miedo a que nos quiten el dinero, se buscará la fórmula de garantizar el servicio. Los acuerdos son para ser hablados y dialogados".
En este sentido, matizó que "uno no se puede asustar ante la historia", aludiendo al nuevo momento político, pero señaló que "el Gobierno tiene la obligación de garantizar un servicio religioso a los enfermos".
El sacerdote insistió en que este tipo de servicios no son "un privilegio de la Iglesia, sino un derecho del enfermo" y que también hay acuerdos con otras confesiones religiosas para prestar estos servicios.
La Iglesia recibe una media de mil euros por capellán a jornada completa las 24 horas del día los 365 días al año, excepto el mes de vacaciones. La cuantía está en función del número de camas. Esta cuantía la fijó el Gobierno de Felipe González.
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