Ayer se aprobó una Declaración Institucional en este sentido, que ratifica la aprobada por todos los Grupos Políticos con representación parlamentaria en la Comisión Mixta para la UE del Congreso de los Diputados, solicitando que los acuerdos y las políticas sobre refugiados en el seno de la UE respeten la legalidad Internacional y los Derechos Humanos
REDACCION | Miércoles 30 de marzo de 2016
El Ayuntamiento de Sigüenza aprobó ayer por unanimidad en Pleno una Declaración Institucional que rechaza el preacuerdo entre la UE y Turquía para expulsar a este país a los refugiados que lleguen a territorio comunitario. Con ella, el Pleno seguntino muestra su apoyo a otra Declaración Institucional, en este caso suscrita el pasado 16 de marzo de 2016 por todos los Grupos Políticos con representación parlamentaria en la Comisión Mixta para la UE del Congreso de los Diputados, solicitando que los acuerdos y las políticas sobre refugiados en el seno de la UE respeten la legalidad Internacional y los Derechos Humanos.
Por mayoría, con los votos a favor del equipo de gobierno, la abstención del Grupo Municipal Socialista y el voto en contra del concejal de IU se aprobó una segunda moción, en este caso para “reivindicar el valor institucional de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares como gobiernos que cumplen la misión de cooperar en la vertebración territorial y de velar por la igualdad y acceso de todos los ciudadanos a los servicios necesarios y para exigir al futuro Gobierno de la Nación que respete estas instituciones para no castigar a los millones de españoles que, bajo su amparo, conviven en municipios rurales”.
El Grupo Municipal Socialista presentó una tercera moción al respecto de la educación pública que declinó el equipo de gobierno “por incluir en su fundamento un ataque directo, partidista e injustificado al anterior gobierno regional”, explicó la portavoz del Grupo Popular, Eva Plaza. Por su parte, los populares presentaron una moción en defensa educación concertada, ante la progresiva reducción en su financiación que prevé el Gobierno Regional en los próximos años. “El acuerdo firmado supone la progresiva eliminación de la educación concertada en la región, vulnerando el derecho de los padres de miles alumnos de la región de poder elegir el modelo educativo que estimen oportuno, dentro de lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Española”, dice la moción.
Una vez fue aprobada ésta última, con los votos a favor del equipo de gobierno, el Grupo Municipal Popular propuso al Pleno una Declaración Institucional con la que buscaron el consenso de la oposición en defensa de la educación, pública y concertada. En esta declaración, el Pleno del Ayuntamiento de Sigüenza solicitaba que el gobierno de Castilla-La Mancha, competente en materia de educación, presupueste la cantidad suficiente para que todos los centros escolares, públicos y públicos concertados, puedan garantizar el derecho de los padres contemplado en el artículo 27 de la Constitución a la libertad de elección de las familias sobre la educación de sus hijos. La oposición rechazó adherirse a la propuesta, por lo que no hubo Declaración Institucional.
En las manifestaciones de alcaldía, José Manuel Latre dio la enhorabuena a la Cofradía de la Vera Cruz y del Santo Sepulcro por el brillante desarrollo de la Semana Santa seguntina, a los hosteleros por el éxito de la iniciativa Sigüenza Gastronómica, anunció que el Tren Medieval vuelve el próximo día 9 de abril y trasladó las condolencias institucionales a las familias de Carmen Calle, Fernando Tizón y Santiago Barbero, los dos primeros antiguos concejales del Ayuntamiento de Sigüenza, y el último empleado jubilado del Ayuntamiento, por su reciente falllecimiento.
En otros puntos del orden del día se aprobó por unanimidad la cesión en favor de la Diputación Provincial de unos terrenos municipales para la construcción de infraestructuras viarias en la GU-170, la modificación de una ordenanza fiscal que regula el establecimiento de barracas y puestos de feria en la zona de La Alameda y la conversión de la piscina municipal de bien patrimonial en bien de dominio público para que sea posible así su arrendamiento a empresas privadas.
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