Carta abierta de Producciones Malvhadas sobre la rueda de prensa de los conciertos de fiestas
El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, se ha referido hoy a las manifestaciones realizadas esta semana por los grupos de la oposición relativas al concurso de los conciertos de ferias y fiestas. Se ha referido, concretamente, a las declaraciones efectuadas por el portavoz socialista, Daniel Jiménez, a quien ha acusado de difamar y calumniar.
Antonio Román ha recordado que en la Mesa de Contratación, que es el órgano que rige todos estos procedimientos, no hay, desde hace un año, presencia de ningún político. Sólo se compone de técnicos. Ratifica que el procedimiento, tal y como han constanado los propios técnicos, es absolutamente legal. “Las acusaciones hay que demostralas y si tiene pruebas, que vaya a los tribunales”.
El alcalde ha manifestado que con estas declaraciones el Grupo Municipal Socialista, con Daniel Jiménez a la cabeza, “está defendiendo los intereses particulares de una empresa -que no ha participado en ningundo de los dos concursos convocados- por encima de los intereses colectivos de Guadalajara. Trata de proyectar hacia otros dudas sobre la legalidad y la transparencia de los procedimientos porque se cree el ladrón que todos son de su condición”.
Antonio Román ha señalado que “lo que le gustaría al PSOE es que las fiestas no se celebrasen, que fuesen mal, porque el PSOE de Guadalajara está en caída libre. En las últimas elecciones apenas obtuvo un 21% de los votos cuando ha llegado a tener más del 40%. En los últimos años ha ido cayendo a plomo y siguen empecinados en pensar que, cuanto peor vayan las cosas en Guadalajara, mejor para ellos. Nosotros somos ajenos a todo eso. Seguimos trabajando con legalidad y transparencia para tratar de programar unas buenas fiestas para Guadalajara, y creo que los conciertos previstos son de la satisfacción de muchas personas”.
El alcalde de Guadalajara también ha calificado de “políticamente muy grave” el hecho de que Daniel Jiménez “esté presionando y tratando de coaccionar a funcionarios municipales para torcer sus decisiones en beneficio de lo que él está defendiendo y para que cambie el criterio de legalidad que tiene la adjudicación del concurso”.