El Tribunal Constitucional anula la prohibición de los toros en Cataluña

El máximo órgano jurídico ha tumbado la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, que fue sancionada por el Parlament en el 2010.

El Tribunal Constitucional votó el martes por la tarde la anulación de la ley del Parlament del 2010 que prohibía las corridas de toros en Catalunya al considerar que la cámara tiene competencias para regular este tipos de espectáculos pero no para prohibirlos, según han informado fuentes jurídicas a La Vanguardia. La decisión podría ser anunciada mañana jueves al término de la reunión del alto tribunal.

Los magistrados votaron tras escuchar la ponencia presentada por la magistrada Encarna Roca, catedrática de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona, cuyo principal argumento es la falta de competencias del Parlament, que en una apretada votación en julio del 2010 (68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones) acordó la prohibición, efectiva al término de la temporada taurina de la Monumental del 2011.

Otras consideraciones legales son el “blindaje” de los toros aprobado posteriormente por Las Cortes en noviembre del 2013 que reconoce las corridas como un “patrimonio cultural”, siguiendo el ejemplo de Francia que ya lo hizo en el 2011. Tanto el Parlament primero como Las Cortes votaron las respectivas medidas –prohibición y blindaje- tras aceptar sendas Iniciativas Legislativas Populares (ILP).

Los propietarios de la Monumental pueden reclamar por las pérdidas

Además del argumento jurídico, la ponente de la sentencia, la catedrática en Derecho Civil Encarna Roca recordó que las Cortes habían "blindado" las corridas como un "patrimonio cultural", que fue sancionado tras una Iniciativa Legislativa Popular.

Según sus argumentos, los toros conforman un mercado económico "de primera magnitud", y que si hay una norma que los prohíbe, "es un elemento distorsionador y desequilibrante del mercado".

Además del conflicto político entre el gobierno y el TC, el grupo Balañá –propietario de la Monumental- puede reclamar judicialmente por el "lucro cesante" que le ha implicado estar cinco años sin poder organizar corridas.