REDACCION | Domingo 01 de enero de 2017
La delegación provincial de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha en Albacete y Aproca Castilla-La Mancha han mostrado hoy su malestar con la Delegación Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de esta provincia por cómo viene gestionando las áreas de reserva en los cotos de caza de esta provincia.
En un comunicado que han dado a conocer hoy, ambas organizaciones explican que han remitido una carta de queja y petición de explicaciones al director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, Manuel Miranda, "ante la falta de interés" por dar a conocer qué criterios se están considerando en la toma de estas decisiones. En este sentido, tanto la Federación de Caza como Aproca han recordado que el pasado 9 de mayo de 2016 le remitieron al delegado provincial una carta pidiéndoles explicaciones sin que, a día de hoy, "aún no ha sido contestada".
En este escrito solicitaban una justificación "a la actitud continuada de estos servicios provinciales, por la cual las áreas de reserva en los cotos de caza de Albacete se fijan a juicio del funcionario de turno y no a propuesta del titular del acotado, que es quien realmente sabe dónde deben ubicarse, atendiendo a criterios ambientales y no cinegéticos".
Para ambas organizaciones, las decisiones que vienen tomando los servicios provinciales obedece a una clara intención de "prohibir la caza en todos aquellos terrenos que contengan un espacio natural protegido, aunque dicho terreno no sea un hábitat que permite el refugio y la reproducción de las especies de caza, tal y como define la ley caza de Castilla-La Mancha".
De esta manera, han señalado las entidades cinegéticas, "se están vulnerando los derechos de los titulares y gestores de los cotos de caza de la provincia".
Tanto la Federación de Caza como Aproca han expresado su más profundo descontento con lo que consideran una total falta de interés hacia unas asociaciones que representan la mayoría de los acotados de la provincia.
Finalmente, han insistido en pedir una aclaración al director provincial que les permita conocer los motivos por los que no obtienen respuesta, una vez que han pasados siete meses desde que registraron su carta en los servicios provinciales.
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