El período de exposición pública concedido por la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha para presentar alegaciones al borrador del Reglamento regional para el sector del taxi ha terminado. Un total de doce organizaciones entre asociaciones, federaciones, sindicatos y otros colectivos, representativos tanto de los profesionales del transporte de viajeros como de los usuarios, han registrado los correspondientes escritos solicitando cambios en un texto que, según aclara el director general de Carreteras y Transportes, David Merino, “sigue vivo y abierto hasta la redacción final dentro de este proceso de participación pública”. En sus actuales términos, el texto cuenta no obstante con el informe favorable del Consejo Regional de Municipios de Castilla-La Mancha.
Al término del periodo navideño, la Dirección General abrirá un nuevo plazo que se destinará a dar lectura, agrupar e integrar en un informe las distintas alegaciones al objeto de perfilar el articulado final del Reglamento. David Merino aclara que “es un trabajo no exento de dificultad porque hay peticiones de introducción de cambios en el texto que hemos presentado que son divergentes entre ellas”.
El director general considera “lógico que cada organización vele por sus intereses sectoriales”, y aunque matiza que el Gobierno regional “tiene la obligación de recoger todas las sugerencias posibles, en ningún caso podemos perder de vista que el principal beneficiario del nuevo Reglamento tiene que ser el usuario final de los servicios, que es el ciudadano”. “El Reglamento otorga seguridad jurídica a los profesionales, pero también va dirigido a los usuarios, de modo que reciban un servicio de calidad, sin olvidar que afecta a otras modalidades para el traslado de personas”, aclara, y que no puede entrar en cuestiones que legalmente son competencia de los ayuntamientos.
Una vez estudiadas las alegaciones y en función de que las modificaciones en el texto que vayan a ser aceptadas afecten sustancial o sólo superficialmente al articulado, el Gobierno regional contempla dos posibles opciones: someter nuevamente el borrador a un segundo período de exposición pública o realizar una ronda de consultas entre los colectivos que han alegado al primer borrador al objeto de elevarlo al Consejo Regional de Transportes, órgano que tiene que informar antes de dar continuidad al resto de la tramitación legal, que tiene que superar otros trámites como el preceptivo informe del Consejo Consultivo o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
“Optaremos por la que mayor grado de consenso aporte”, indica el director general, quien subraya que la consecución de unanimidad en este asunto es “compleja porque esta clase de transporte concita intereses que en algunos puntos son contrapuestos”. Aun así, “dialogaremos y escucharemos como lo hacemos en cada faceta de la acción de Gobierno”, indica, aseverando que la idea es que todos los sistemas de transporte sean complementarios entre sí “porque tienen su ámbito de utilización y de demanda”, de manera que el gran beneficiado sea el usuario. También señala como interés del Gobierno regional “evitar la competencia desleal y el intrusismo”.
Actualizar el régimen de esta clase de servicios y adecuarlos a las nuevas necesidades y formas de explotación del transporte de personas son los objetivos prioritarios de la futura norma, que sustituirá al Real Decreto estatal del año 1979 por el que se ha venido regulando la actividad en Castilla-La Mancha. La obtención, transmisión, extinción o suspensión de licencias, habilitaciones y otros requisitos para ejercer la actividad, el tipo y requisitos de los vehículos permitidos o los límites de los permisos y las excepciones reguladas para las zonas de baja densidad poblacional son algunas de las cuestiones que aborda el proyecto de Reglamento.
Además, el texto define desde las atribuciones de los ayuntamientos hasta los distintivos y señales luminosas, documentos de obligatoria exhibición, los procedimientos o excepciones al uso del taxímetro, la publicidad, las paradas, los servicios obligatorios, los servicios complementarios y un largo etcétera de cuestiones de índole técnica, así como las características de los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida o el número de licencias óptima en función de la población o características concretas de cada municipio. En el Reglamento se incluye la utilización de taxis previamente habilitados para la prestación de servicios específicos, como el traslado de mujeres víctimas de violencia de género.
Una de las novedades más significativas radica en la posibilidad de que los taxis realicen servicios especializados, cuyos requisitos son diferentes a los ordinarios. Esta clase de servicios zonales o interurbanos están definidos como excepcionales, por lo que se establecen una serie de requisitos adicionales y la justificación de que la zona donde se vayan a prestar padece una deficiente prestación de servicios regulares de transporte de viajeros y especialmente en aquellas comarcas más despobladas de nuestra región.
La futura normativa también regula las áreas territoriales de prestación conjunta en aquellas zonas donde existe interacción o influencia recíproca entre los servicios de transporte de varios municipios especialmente pensada para municipios de baja demografía. Estas áreas podrán definirse por iniciativa de los municipios interesados o por acuerdo de la Consejería de Fomento previa consulta a las entidades locales donde se estableciese. Según establece el borrador, tal hecho requeriría de la autorización de la Junta de Comunidades y una memoria que justifique la creación y funcionamiento del área.