El Colegio de Abogados de Guadalajara se ha unido a la campaña del Consejo General de la Abogacía y ha solicitado que la Asistencia Jurídica Gratuita esté exenta del pago del Impuesto de Valor Añadido (IVA).
Según señala el decano del órgano colegial de Guadalajara, Emilio Vega Ruíz, “el acceso universal a la justicia es un elemento esencial del Estado de Derecho que siempre debe ser protegido”. Según ha recordado el representante de los abogados de Guadalajara, en 2016 hubo 3.558 expedientes designados por Abogados del Turno de Oficio. Asimismo, el número de abogados de la provincia inscritos en el Turno de Oficio fue de 162.
Vega Ruíz ha destacado que la “Abogacía tiene una obligación constitucional, la de garantizar la prestación de la Asistencia Jurídica Gratuita para aquellos ciudadanos que carecen de recursos económicos. De esta manera, el Turno de Oficio garantiza el acceso a la justicia en condiciones de igualdad para todos.
Recientemente, el Tribunal de Justicia de la UE ha impuesto un 21% de IVA a los servicios prestados por abogados en el sistema de asistencia jurídica gratuita en Bélgica, lo que ha llevado a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España a interpretar, a partir de esta sentencia, que el servicio que prestan los abogados del Turno de Oficio en nuestro país también está sujeto a IVA.
Sin embargo, recuerda el decano del Colegio de Guadalajara, “el sistema belga no tiene naturaleza pública y obligatoria y, por ello, está basado en un régimen de naturaleza distinta al modelo público español de Asistencia Jurídica Gratuita”, por lo que “esta norma fiscal no debe ser aplicada en España”.
Esta decisión del Ministerio de Hacienda, subraya Vega Ruíz, “pone en riesgo el sistema público vigente y hace peligrar la estructura organizativa ejemplar y única en Europa”, ya que “cuestiona la Justicia Gratuita como garantía del derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que carecen de recursos para litigar”.
Por último, el decano del Colegio de Guadalajara ha recordado que la aplicación de esta medida sería “irrazonable e incluso podría ser percibido como un trato vejatorio para el ciudadano”.