El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado al Ministerio de Sanidad la creación de un Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) que haga un detallado seguimiento y denuncie públicamente las numerosas situaciones que ponen en riesgo la integridad física y psíquica de los profesionales sanitarios.
Con motivo del Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, la organización sindical resalta que los casos de agresiones a profesionales sanitarios se siguen sucediendo de manera constante, y sólo en el caso de que tengan cierto eco en los medios de comunicación llegan a suscitar alguna reacción, casi siempre insuficiente, por parte de las administraciones públicas e instituciones sanitarias privadas.
SATSE considera que, tan importante como la prevención y la actuación ante esta lacra, es el seguimiento de los casos registrados y su posterior difusión a través de un órgano administrativo que de forma periódica ofrezca una radiografía real de los casos de agresiones que sufren los profesionales sanitarios, así como el estudio de sus correspondientes causas.
En el caso del colectivo enfermero, ocho de cada diez profesionales han sufrido en algún momento de su trayectoria profesional una agresión física o verbal (golpes, empujones, amenazas, insultos de todo tipo, vejaciones…), según el Sindicato de Enfermería.
De igual manera, la organización sindical demanda al Gobierno el desarrollo de una ley que regule a nivel estatal las actuaciones (prevención, sensibilización, información, apoyo…) que se han de acometer por parte de las diferentes administraciones públicas e instituciones sanitarias privadas implicadas.
SATSE subraya que, aunque los funcionarios sanitarios sean ya considerados autoridad pública en el ejercicio de sus funciones y, por ello, haya consecuencias judiciales en el caso de las agresiones físicas o si se intimida de manera grave o violenta, aún no se contemplan otras conductas, también lesivas y muy habituales en el ámbito sanitario, como las injurias, las amenazas o las coacciones.
Otra demanda de la organización es que se introduzca como sujeto del delito al empleado público. De esta forma, todo aquél que trabaje para la administración, incluido el laboral, y no solo el funcionario o estatutario, estaría protegido ante las agresiones.
Por ello, aboga por una ley que garantice la adecuada protección y asistencia jurídica de los sanitarios, así como la cobertura de su responsabilidad civil en relación con los hechos que se derivan de su ejercicio profesional, tanto dentro como fuera del centro sanitario. También defiende que se regule la adopción de medidas cautelares o provisionales en el centro sanitario como consecuencia de una conducta de este tipo contra un profesional.
De otro lado, el Sindicato apunta que hay que incidir en las medidas preventivas, como aumentar la formación de los profesionales para afrontar situaciones conflictivas; el diseño de protocolos de actuación ante agresiones o el desarrollo de actuaciones disuasorias, como la instalación de timbres en las plantas.
Por último, sostiene que hay que sensibilizar a la población para que tenga claro que el profesional es su aliado, no su enemigo, y también a la administración, para que nunca olvide que el profesional es su imagen ante los ciudadanos, por lo que tiene que cuidarle y transmitirle apoyo y seguridad.
En este sentido, desde la organización sindical se apuesta por la difusión de campañas informativas y de sensibilización destinadas a los ciudadanos y también a los profesionales, para que estos últimos denuncien públicamente lo sucedido, algo que no siempre hacen. Por su parte, desde SATSE se viene manteniendo desde hace años una campaña con estos objetivos, bajo el lema “La agresión no es la solución”.