El envenenamiento por el consumo de aceite de colza desnaturalizado, partidas de lubricante industrial que fraudulentamente se destinó al consumo humano, provocó un millar de muertes y graves secuelas crónicas a más de 20.000 personas. Hace treinta años, en una sala especialmente habilitada de la Audiencia Nacional, se sentaron 41 acusados, 76 abogados y centenares de afectados que siguieron el macroproceso durante los quince meses que duró.
La sentencia, creen las víctimas, llegó tarde y mal. Mercedes García Rambla, afectada por el síndrome del Aceite Tóxico (SAT), asistió a muchas de las sesiones del juicio de la colza. “No a todas porque estaba embarazada y los policías me decían que no era bueno que pasase por el arco detector de metales a diario”, recuerda. Tiene grabado a fuego el enorme dolor entre quienes habían perdido a familiares y cómo llevaban colgadas al cuello cintas de las que prendían una o varias fotos de sus muertos. Se agolpan en su memoria escenas de llanto, gritos y desmayos. “Ayer, tratando de recordar detalles, me di cuenta cómo viví mi embarazo con dolor, en lugar de con la ilusión de tener mi primer hijo”.
En su ánimo se concentran diferentes angustias y una de ellas provocada por los años de espera de la sentencia. Hasta el 28 de abril de 1992 no llegó la ratificación del Tribunal Supremo. “Fue una sentencia de mierda –espeta en un arranque de rabia contenida, seguido de una disculpa por la crudeza del término–. No fue justa. Esperábamos que reparase nuestro daño. No lo hizo, ni aún hoy se ha hecho. Mi madre, de 80 años, la semana pasada me pedía perdón por haberme envenenado. Vive con la culpa de haber comprado aquel aceite, mientras solo dos acusados cumplieron menos de 20 años de condena”.
Sabe que forma parte de la historia de la España contemporánea muy a su pesar, es una de las víctimas del mayor envenenamiento producido en Europa y fue testigo del primer macrojuicio de nuestro país. En el parque madrileño de la Casa de Campo se tuvo que habilitar un pabellón especial para albergar un “juicio único”. Era la primera vez que se celebraba en una sala especial, fuera de las instalaciones de la Audiencia Nacional.
Las cifras en torno a todo el proceso hicieron que se rebasase la capacidad de los juzgados habituales, que solo con la personación de las partes hubiese quedado pequeño, y se incorporase un modelo que luego volvería a repetirse en otras causas excepcionales, como la del 11-M. En el bautizado como juicio de la colza se hallaron 41 culpables del desvío del aceite desnaturalizado, destinado al uso industrial, que llegó al consumo humano por una trama de importación, refinamiento y distribución fraudulento. Las anilinas, compuestos orgánicos añadidos al aceite, provocaron el envenenamiento de más de 20.000 personas. Un millar de ellos murió, el resto quedó con graves daños neurológicos, respiratorios, grandes invalideces que aún arrastran. Alarma social Seis años después de que se registrase la primera víctima mortal, arrancó el primer juicio, solo a los aceiteros; a este seguiría años después el segundo proceso, que acusaba a la Administración.
En los 250.000 folios del sumario había muchas incógnitas, entre ellas si el causante real fueron las partidas de aceite desnaturalizado. Durante el proceso se impuso la tesis de que las garrafas distribuidas en venta ambulante contenían el veneno. En el desconcierto tras las primeras muertes surgieron una gran alarma social y diversas hipótesis, que apuntaban a los pesticidas utilizados en tomates o fresas; que lo transmitían los pájaros o hasta que se desencadenó por el uso de armas químicas en la base norteamericana de Torrejón de Ardoz. La apuesta por una u otra versión dividió a asociaciones de afectados y a especialistas sanitarios. En una España en blanco y negro, de recién estrenada democracia, las asociaciones de afectados fueron las primeras en las que se organizaban ciudadanos bajo una reclamación tan concreta.
El síndrome tóxico hizo también que se crease la primera ley en defensa de los consumidores, que aprobó el primer gobierno de Felipe González, y reguló la venta ambulante. Hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó un grupo de trabajo sobre el síndrome. La abogada Francisca Sauquillo recuerda vívidamente, tres décadas después, detalles, nombres y cifras del proceso. En su despacho de la calle Ortega y Gasset, en Madrid, guarda las actas íntegras del juicio encuadernadas, ochenta tomos que han ido a consultar numerosos estudiosos. Participó como abogada de la acusación particular en nombre de 3.000 afectados y destaca la importancia de un proceso trascendental en la historia judicial y social de España.
“Fue único y especial por el alcance, fue el envenenamiento más importante ocurrido en el mundo, excepto quizá por otro que afectó a más personas en China pero que no está claro, y por las graves secuelas que dejó. Además, destaca por la asistencia masiva y constante a las sesiones del juicio; por la cantidad de expertos y epidemiólogos internacionales que acudieron a declarar y por la enorme cobertura mediática y la atención internacional que despertó”, recuerda la letrada. A Sauquillo le llegó por casualidad la primera afectada. En una peluquería de San Rafael (pueblo de Segovia) vio a una señora a la que se le caían constantemente las cosas de las manos. Le preguntó y le dijo que estaba muy mal y que era una “afectada del aceite”.
Era septiembre de 1981 (cuatro meses después de la primera muerte oficial por esta causa). “A raíz de allí dediqué muchísimo tiempo a investigar, muchas reuniones y encuentros con afectados que me iban llegando”, rememora. Poco a poco se sumaron nuevos afectados hasta completar los 3.000 defendidos. En la misma habitación en la que años atrás había preparado la defensa de los últimos condenados a muerte en Madrid por el franquismo, trazaron las líneas de la acusación del juicio de la colza. Esta semana se cumplen treinta años de su inicio. “Personalmente me afectó muchísimo, teníamos reuniones y asambleas constantes con enfermos. Veía su deterioro y su desesperación. Recuerdo una familia de Aranjuez que perdió a dos hijas de corta edad. Durante la preparación del juicio estaba embarazada y me impresionó el estado de muchos niños”, relata Sauquillo.
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