Algunos han pasado hasta 27 años en la cárcel por crímenes perpetrados en nombre de ETA. Cuando salen, todo les resulta extraño, hasta hostil, como las aglomeraciones en la calle o en el metro. Una asociación vasca de ex presos les recibe y les acompaña en su transición de reclusos a ciudadanos sin exigirles que pidan perdón. Les gestionan la solicitud de prestaciones sociales, el DNI, la apertura de una cuenta bancaria... Les buscan trabajo y les donan muebles y enseres para una vida normal. En los últimos veinte años, el mundo ha cambiado una barbaridad; también las calles de Euskadi, que apenas conservan pintadas en sus muros reclamando la independencia. Ahora los grafitis se refieren a la corrupción, a los bancos y los desahucios...
Las cárceles se van vaciando de presos de ETA. Quedan aún cumpliendo condena unos 270 reclusos de la banda. Hace una década eran cerca de 800. La noticia sobre una posible negociación entre el Gobierno y el Ejecutivo vasco para acercar a los presos de ETA a cárceles del País Vasco ha sido desmentida por ambas partes, que quieren desligar el apoyo del PNV a los presupuestos generales del Estado de la reivindicación de los nacionalistas. Sin embargo, el debate en Euskadi se centra en que, una vez desarmada ETA, tarde o temprano sus presos vuelvan a casa. Después de una media de veinte años de encarcelamiento, los ex presos de ETA pisan la calle muy desorientados. Se encuentran un mundo nuevo, desconocido, con tecnología extraña y coches que parecen de ciencia ficcion. Pero la transición de presos a ciudadanos no la hacen en solitario.
La asociación Harrera –recibimiento, en euskera– les acompaña. Fundada en 2012 por varios exreclusos de ETA, brinda asistencia integral a los exetarras: desde cómo gestionar la tarjeta sanitaria hasta lograr el carné de conducir. Con 2.600 socios, Harrera es una referencia en el País Vasco para los reclusos que no tienen nada cuando recuperan la libertad. El habitat de los muros “Nuestro objetivo es la reintegración social de los ex presos –cuenta a interviu uno de los integrantes de Harrera, que prefiere mantener el anonimato–. Durante muchos años, su habitat es el de los muros. Cuando salen como ciudadanos con plenos derechos no siempre cuentan con respaldo familiar. Son analfabetos digitales, por ejemplo.
La sociedad no debe darles la espalda”. En 2013, UPyD intentó que Harrera fuera ilegalizada, pero la fiscalía no halló motivo para defender esa propuesta. Desde su nacimiento, la entidad asistencial ha conseguido trabajo a 140 exreclusos; ha ayudado económicamente a 170 y ha concedido préstamos para diez proyectos; a 80 ex presos de ETA Harrera les ha asistido para la obtención del carné de conducir. En total, 250 ex presos han contado con la ayuda de esta asociación, según datos proporcionados a interviú por la entidad. “Nos hemos ganado el respeto de la sociedad, porque trabajamos para la integración del ex preso, no queremos saber nada de política”, contó el empresario Andoni Iturriotz, expresidente de Harrera, en la última asamblea general, el pasado mes de mayo. En la misma línea, fuentes de Harrera indican a esta revista que la entidad no colabora con presos de la banda, “ni con personas huidas. Solo ayudamos a los que salen de prisión, independientemente de su postura ideológica”. Sin embargo, fuentes de la lucha antiterrorista insisten en que entre los receptores de ayuda de Harrera no figura ningún expreso de la vía Nanclares, es decir, de los etarras que han renunciado a la violencia y pidieron perdón a sus víctimas. Alojamiento de urgencia para los que no cuentan con redes familiares, muebles donados por simpatizantes, dinero, ayuda jurídica y asistencia sanitaria y psicológica ofrece esta entidad a los exetarras que han cumplido su condena. Una de las cabezas visibles de Harrera es Fernando Etxegarai, de 65 años. Pasó 21 tras ser condenado por pertenencia a un comando de ETA que perpetró numerosos atentados con cócteles molotov y explosivos, que no produjeron víctimas mortales. Cumplió condena en 2008. Abogado de profesión antes de entrar en prisión; ya en la calle consiguió trabajo como estibador. “Lo más extraordinario que conocí al salir de la cárcel fue el teléfono móvil”, ha dicho en alguna ocasión Etxegarai. Analfabetos digitales Esa es una de las preocupaciones de Harrera: el absoluto desconocimiento de las nuevas tecnologías por parte de los ex presos. “Algo tan sencillo como sacar un billete de metro, usar una tarjeta de crédito o hacer una compra en un supermercado actual para ellos es un mundo –cuentan fuentes de Harrera–. En la cárcel ven la tele, leen periódicos, pero no es lo mismo tener los cambios delante. Les acompañamos a hacer todo tipo de gestiones ante las administraciones. Eso es quizá lo más complicado para ellos”.
En su web, la entidad asistencial ha colgado una guía muy completa para ex presos, con los primeros trámites que deben solventar. Lo primero es solicitar el subsidio de excarcelación –426 euros al mes durante 18 meses, que otorga el Ministerio de Empleo–, algo que los presos de ETA que no se han arrepentido tienen prácticamente perdido, ya que el gobierno incluyó en 2014 como requisito para poder cobrarlo el arrepentimiento, la colaboración con la justicia y el pago de indemnizaciones. Harrera se lamenta de esa decisión, que tilda de anticonstitucional “porque supone vulnerar el principio de no discriminación, ya que no se aplica a todas las personas que salen de prisión, solamente en los casos por condenas en delitos muy concretos”.
En caso de denegación de ese subsidio, la asociación recomienda acudir a la asesoría jurídica del sindicato LAB para preparar los recursos oportunos. Para los exreclusos que cotizaron antes de entrar en prisión, Harrera les indica que deben acudir como demandantes de empleo a Lanbide o Servicio Vasco de Empleo.
“El mismo día que te inscribas como demandante de empleo, pide la cita para solicitar la RGI (Renta de Garantía de Ingresos). Pasarán dos meses hasta que empieces a cobrar”. También informa la entidad sobre los requisitos para cobrar la pensión de jubilación y la no contributiva, así como de las consecuencias somáticas de la permanencia larga en prisión. “En la cárcel apenas reciben asistencia oftalmológica y odontológica. Su salud está muy deteriorada cuando salen. Se les acompaña a revisiones médicas”, cuentan fuentes de la entidad. En otra guía sobre los efectos en la salud de las estancias prolongadas en prisión, Harrera explica que la vista, el olfato y la audición resultan afectadas tras el paso por la prisión; así como la sexualidad. Subraya la guía la ausencia de control sobre la propia vida y de expectativas de futuro, de responsabilidad y la pérdida de vínculos afectivos de los reclusos. “Además el preso mide mal las distancias, sobre todo, si ha estado en aislamiento. Es muy frecuente que una vez en libertad, salga de casa mucho antes para llegar a tiempo a una cita, o que no sepa calcular el tiempo que tardará en llegar a un punto concreto”.
Los responsables de la entidad saben de lo que hablan porque la mayoría pasaron las mismas dificultades cuando abandonaron la cárcel. Por ejemplo, Karlos Ioldi, abogado y exparlamentario de HB, que pasó 16 años encarcelado por pertenecencia a banda terrorista. Es el alma de Harrera, preocupado de que el dinero llegue para todos los proyectos. | | Sigue leyendo.
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