El Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara ha presentado dos propuestas que se debatirán en el pleno ordinario que se celebrará el viernes día 21. La primera de ellas tiene que ver con los impagos que en materia de Servicios Sociales se están produciendo por parte del Gobierno Regional. Desde el Grupo Popular se recuerda en la Moción que los Servicios Sociales son una competencia que los municipios pueden prestar "por delegación", es decir, que no es una competencia propia ni un servicio que obligatoriamente deban prestar, sino una competencia de la Junta cuya delegación necesariamente debe ir acompañada de la correspondiente financiación.
Sin embargo, hace unos días el Gobierno Regional todavía no había firmado los convenios de Servicios Sociales con los ayuntamientos, demostrando su falta de sensibilidad y una grave dejación de funciones en relación con las personas que más lo necesitan, como los mayores y los dependientes. Tal es la situación que hasta la Plataforma para la Dependencia en Castilla-La Mancha, ante los incumplimientos reiterados de los compromisos asumidos por el Gobierno de Emiliano García-Page en relación con los dependientes, le ha otorgado el premio "Gente sin Alma", "por ser el máximo responsable del gobierno y de todo lo que está sucediendo con las personas en situación de dependencia". A raíz de la presentación de esta moción es cuando desde el gobierno regional se ha empezado a poner en contacto con los ayuntamientos.
El impago de los Servicios Sociales a los Ayuntamientos refleja una forma muy habitual de hacer política por parte del Gobierno regional, la del "yo invito y tú pagas", y está poniendo en grave situación de riesgo los mismos al tener que asumir los ayuntamientos la prestación y los costes de unos servicios sociales que no son de su competencia, sin recibir ningún tipo de ayuda económica de la Institución de la que son competencia, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y asumiendo todas las cargas correspondientes a los mismos.
El Grupo Popular reclama del Gobierno que preside Emiliano García-Page que ponga fin a esta inacción y pasividad, que proceda a la firma con carácter urgente los convenios de Servicios Sociales con los ayuntamientos y al pago inmediato del primer libramiento. Así mismo, que no se realice ningún recorte como los que se están produciendo en materia de horas de prestación de ayuda a domicilio.
Desde hace un tiempo un grupo de familias afectadas por el proceso de admisión de alumnos en Guadalajara vienen reclamando una solución que no pase por el criterio exclusivo y único del "sorteo", sino por el respeto al derecho a la libertad de elección de la educación que quieren para sus hijos y, en consecuencia, por el respeto al artículo 27.1 de la Constitución Española que establece que “todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”.
La Resolución de 31 de enero de 2017, a diferencia de lo que ocurría con la de 2016, en relación con los criterios de baremación de las solicitudes, ha suprimido el de la prioridad de las familias, lo que significa que la solución queda en manos de un sorteo, del azar, y no de la preferencia de las familias. En consecuencia, alumnos que han solicitado un centro en primera opción quedarán fuera, mientras resultarán admitidos alumnos que, con igual baremo que los primeros, habían otorgado a dicho centro mucha menos prioridad en sus solicitudes. Además, se da la circunstancia de que, a aquellos alumnos que tienen suerte en el sorteo y han obtenido plaza, sí se les toma en consideración las preferencias.
Así, mientras que el sistema anterior “repartía la mala suerte”, y un alumno con mal número sólo competía para un centro con los alumnos que lo hubieran solicitado con idéntica prioridad y baremo, el actual sistema condena hasta el final a los niños con mal número, y prefiere mejorar la situación de una familia a la que le han dado su segunda opción (ofreciéndole la primera), antes que ofrecerle a un niño sin colegio una de sus seis opciones iniciales.
El fin al distrito único en la capital imposibilita el acceso a determinados colegios a los que, otros años, se podía optar. Luego ya no existe libertad de elección de colegio, sino libertad de elección dentro del propio área de influencia. El actual sistema no busca que todas las familias accedan a la enseñanza deseada, sino que trata de filtrar solicitudes, drenando alumnos hacia colegios que no tienen demanda, cuestión que el Gobierno regional debería tratar de solucionar de otro modo. Cerca de 50 familias de Guadalajara se encuentran en la situación de que los colegios que les están dando no los han elegido.
Las familias afectadas han trasladado esta problemática y la propuesta presentada a la Consejería de Educación y a la Delegación de la JCCM en Guadalajara. Las familias afectadas se han concentrado, han registrado escritos en la Consejería de Educación en Toledo y en la Delegación de Guadalajara, se han dirigido a los Grupos Parlamentarios en las Cortes de Castilla-La Mancha y han mantenido reuniones con técnicos de la Consejería en la delegación de Guadalajara sin que, hasta la fecha les hayan dado ninguna solución, sino excusas y largas, dando la sensación de que lo que quieren es dejar pasar el tiempo sin hacer nada. Incluso han visto como el Consejero de Educación reducía a 13 el número de familias afectadas, dato incierto que refleja el desconocimiento y la falta de información.
Es por todo ello, por lo que desde el Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara piden que se proteja íntegramente el derecho a la libertad de elección de centro educativo no universitario, elaborando un nuevo decreto de admisión para el curso 2018-2019, en términos idénticos al decreto 2/2007, es decir, tomando como zona de escolarización el municipio, que de cara a la elaboración del nuevo decreto de admisión, se incluya en el mismo, para el caso de sustituciones que generen empate, que tendrán preferencia quienes hayan solicitado un centro en primera opción sobre los que lo hayan hecho en segunda. Los de segunda sobre tercera, y así sucesivamente, recuperando los criterios de prioridad establecidos para el curso 2016/2017. Y, finalmente, que se ofrezca a las familias afectadas una solución que no pase por el criterio exclusivo y único del "sorteo", sino por el respeto al derecho a la libertad de elección de la educación que quieren para sus hijos.
Desde el Grupo Popular se confía en contar con el apoyo del resto de grupos políticos, ya que ambas propuestas buscan dar soluciones a problemas que tienen fácil solución y que sólo dependen de la voluntad del Gobierno regional