Domingo 10 de septiembre de 2017
Una mayoría de catalanes (56%) considera que el referéndum del 1 de octubre, como está planteado, no puede ser considerado ni válido ni legal. El mismo porcentaje de ciudadanos es partidario de un cambio de estrategia por parte de la Generalitat y optar por la vía negociadora, similar a la del nacionalismo vasco. Los defensores de negociar aventajan en casi veinte puntos a los del referéndum unilateral.
La mayoría independentista del Parlament choca así con los deseos de una buena parte de los catalanes como se ha venido apreciando en los casi dos años que tiene la actual legislatura. El último sondeo de Metroscopia para EL PAÍS, realizado mediante una muestra de 1.000 residentes en Cataluña a lo largo de esta semana, vuelve a reflejar esta disonancia. La mayoría rechaza el fondo y la forma del referéndum como lo plantea el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y le piden que cambie de estrategia.
La idea de celebrar un referéndum sobre el futuro de Cataluña lleva años en la agenda política de los catalanes pero la forma de la consulta que plantea Puigdemont, sin acuerdo con el Estado y sin garantías democráticas, no convence. Solo lo consideran válido el 38% de los catalanes frente al 56% que lo rechaza. Lo significativo es que las dudas, e incluso el rechazo, alcanzan a un porcentaje nada desdeñable de votantes de las dos fuerzas que impulsan la votación: Junts pel Sí y la CUP. El 20% de los votantes de la coalición que agrupa al PDeCAT —el partido de Carles Puigdemont— y Esquerra Republicana —la formación de Oriol Junqueras— cree que el referéndum del 1 de octubre no puede ser considerado legal ni válido a nivel internacional. El rechazo es incluso mayor en la CUP, que con sus diez parlamentarios ejerce de muleta parlamentaria de Junts pel Sí y en muchos momentos ha liderado el proceso independentista.
Por edades, los más jóvenes son los más críticos a la hora de admitir que este referéndum pueda ser considerado legal. Lo rechazan dos de cada tres jóvenes de hasta 34 años. Los menos críticos con el planteamiento de la consulta son los adultos de entre 54 y 64 años. Lo rechaza el 53% y lo admite el 42% de los catalanes comprendidos en este grupo de edad.
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