La Junta de Comunidades de Castilla -La Mancha sufre un nuevo y duro varapalo jurídico. El Tribunal Superior de Justicia se ha pronunciado sobre el recurso contencioso-administrativo presentado en 2015 por el Ayuntamiento de Guadalajara, ante el incumplimiento del Gobierno regional del convenio urbanístico que suscribió en 2003-2004 con el consistorio, relativo al sector del Fuerte de San Francisco. Ese convenio obligaba al Gobierno de Castilla-La Mancha a demoler, rehabilitar y desalojar el Fuerte, cuestiones que han sido desoídas durante todo este tiempo.
La sentencia, que fue conocida por el Ayuntamiento de Guadalajara el pasado viernes, estima todas las pretensiones de Guadalajara sobre el cumplimiento del convenio y ratifica una por una y al cien por cien las obligaciones que debe cumplir la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dicha sentencia aclara que el convenio suscrito entre ambas administraciones sí tiene “naturaleza contractual”-cuestión que negaba el gobierno autonómico- y, por tanto, está sujeto a derechos y obligaciones. Señala que “es evidente que la Junta de Comunidades asumió las obligaciones de demolición, rehabilitación y desalojo del Fuerte”, y subraya que “tampoco cabe duda de que dichas obligaciones han sido incumplidas”. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha condena en costas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El alcalde de Guadalajara, Antonio Román y el vicealcalde, Jaime Carnicero, han informado hoy de esta importante sentencia, calificada como “demoledora”. Han recordado cómo tras el convenio suscrito entre la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento en 2003-2004, la primera no ha cumplido con las obligaciones contraídas, motivo por el cual, y tras numerosos intentos infructuosos de negociación, el Ayuntamiento tuvo que recurrir a la vía judicial en 2015 para defender los intereses de Guadalajara. Dos años después, la Justicia se ha pronunciado a favor del Ayuntamiento.
Antonio Román ha recordado que la Junta de Comunidades debería haber invertido en la ciudad las decenas de millones de euros que obtuvo de la operación urbanística realizada en el Fuerte, pero, sin embargo, no lo ha hecho. “Guadalajara está cansada de que el Gobierno de Emiliano García -Page se lleve a otro lado el dinero de nuestra ciudad. ¿La política del PSOE de C-LM es pisar al más débil? Esto es un varapalo jurídico tremendo que da la razón a Guadalajara. Si no hubiera llevado esta cuestión ante los tribunales, la Junta seguiría sin intención de cumplir con su obligación de concluir la actuación urbanística del Fuerte, que incluye la rehabilitación de los edificios”.
El alcalde de Guadalajara ha exigido al Gobierno de Castilla-La Mancha que acate la sentencia y que no la recurra con el objetivo de dilatar su cumplimiento. “Que establezcan los mecanismos necesarios para que pueda ser ejecutada de manera inmediata. Espero que no hagan un incumplimiento doloso de la sentencia judicial”.
También ha advertido de que los edificios del Fuerte, algunos históricos y catalogados, se encuentran muy deteriorados. Por eso exige una pronta actuación por parte de la Junta de Comunidades, dado que “si no, caerá sobre su espalda el hecho de que Guadalajara pierda importantes ejemplos de su patrimonio histórico-artístico”.
Antonio Román ha concluido solicitando al Gobierno regional que realice las modificaciones presupuestarias necesarias para cumplir la sentencia cuanto antes. “Estoy abierto al diálogo- ha señalado-. Estoy dispuesto a pactar un calendario de actuación con el fin de preservar los edificios”, ha señalado.