El día 26 de mayo ha tenido lugar la constitución en Guadalajara de un nuevo grupo de acción de Amnistía Internacional, que permitirá a socias, socios y simpatizantes de la provincia dar un paso más en su compromiso con la lucha por los derechos humanos en todo el mundo.
En la región castellano manchega ya existen grupos de activistas en Albacete, Ciudad Real, Talavera de la Reina, Valdepeñas y Toledo, además de equipos de activistas que realizan una labor de denuncia y hacen llegar propuestas en materia de derechos humanos a las autoridades y a los medios de comunicación de ámbito autonómico.
El recién creado grupo de Guadalajara llevará a cabo acciones de calle y actividades para movilizar a la ciudadanía sobre las principales campañas de Amnistía Internacional. La primera movilización se llevará a cabo a partir de septiembre para exigir que España cumpla sus obligaciones internacionales en el marco de la investigación, la prevención, la sanción y la reparación integral de las víctimas de violencia sexual. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado el pasado 28 de septiembre con el consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados ha sido una oportunidad perdida para la protección a las víctimas de la violencia sexual.
El Grupo de acción de Amnistía Internacional en Guadalajara trabajará por la protección de los derechos humanos ante la mayor crisis de refugio desde la Segunda Guerra Mundial. Abordará a través de la campaña Valiente los homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos, la tendencia a reprimir la protesta pacífica y el deterioro de las condiciones para ejercer la libertad de expresión, reunión y asociación. Y denunciará igualmente la falta de rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en situaciones de conflicto armado, como Colombia o como Siria.
En Castilla-La Mancha, Amnistía Internacional está haciendo un seguimiento muy cercano de distintas propuestas legislativas, como la Ley para una Sociedad Libre de Violencia hacia las Mujeres que, entre otras medidas y de aprobarse, podría consolidar contenidos obligatorios de derechos humanos en el sistema educativo, algo por lo que la organización viene trabajando desde hace años. En relación a las leyes de Vivienda y de Garantías Ciudadanas, Amnistía Internacional seguirá demandando que se proteja el derecho a la vivienda y que garantice una vivienda adecuada alternativa para las personas que no puedan proveerse de una por sus propios medios ante un desahucio o desalojo. Por último, se llevarán a cabo actividades sobre los ataques al derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión pacífica en España, que la reforma a la Ley Orgánica de protección de la Seguridad Ciudadana y del Código Penal ha supuesto, poniendo en peligro también el pleno ejercicio del derecho a la información.