Si la semana comenzó con tremenda bofetada por parte del ministerio saliente a los aguatenientes del SCRATS, con un informe técnico culpando a la agricultura industrial de haber envenenado al Mar Menor, termina con otro por parte de WWF y ANSE desvelando el crecimiento masivo de la agricultura ilegal de regadío en los últimos cuarenta años. Desde que se abrió el grifo del Tajo-Segura.
“Durante años la Comunidad Autónoma y la Confederación Hidrográfica del Segura miraron hacia otro lado, e incluso favorecieron, el caótico crecimiento del regadío en el Campo de Cartagena, un descontrol que está detrás del gravísimo deterioro del Mar Menor”, denunciaba el director de ANSE, Pedro García, en su comparecencia ayer ante los medios en Murcia.
WWF y ANSE piden una revisión de las concesiones de agua existentes para adaptarse a los recursos disponibles considerando el impacto del cambio climático en el Segura y en el Tajo, y los efectos sobre el Mar Menor, y que se controle, fomente y facilite el buen uso de agua de los agricultores legales.
Los primeros en pagar el pato del descontrol fueron el Tajo y los municipios ribereños, que desde la apertura del Trasvase han visto mermado el volumen de sus aguas y sus posibilidades de crecimiento, como indicaba otro informe, en este caso de la Universidad de Castilla – La Mancha presentado a comienzos de 2018. Pero la miseria amenaza con traspasarse a través de las cañerías del Trasvase, como si fuera veneno.
“Todos los caminos llevan a un mismo destino, el final del Trasvase y el replanteamiento de un modelo de industria insostenible y gravemente perjudicial para el medioambiente, patrimonio de todos los españoles”, afirma el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Francisco Pérez Torrecilla. “No se trata de ver cómo conseguir más y más agua, sino de ver qué puede hacerse con la que se dispone, sin aportes extras, y mejorar el rendimiento, siempre respetando el medio ambiente”.