Jueves 28 de junio de 2018
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó ayer un reglamento que obliga a los vehículos con licencia de alquiler con conductor (VTC) —las autorizaciones que utilizan plataformas como Cabify o Uber— a obtener un permiso especial para poder operar entre un lugar y otro de los 36 municipios de la conurbación barcelonesa.
Con esta medida se reducirán el número de licencias VTC, de 1.035 a 399, beneficiando directamente a los 10.500 taxistas que llevaban meses denunciando la reducción de ingresos por la competencia “desleal” que realizan este tipo de servicios con chofer.
A partir de la inminente publicación del reglamento la AMB sólo permitirá 399 autorizaciones para operar en una zona donde actualmente trabajan más 1.030 vehículos. El organismo metropolitano aseguró que se darán licencias por orden de antigüedad teniendo preferencia aquellas que otorgó la extinta Corporación Metropolitana de Barcelona.
El resto de VTC a los que no se les autorice operar en el AMB podrán seguir trabajando pero solo en recorridos que unan un punto del cinturón barcelonés con otro de fuera de esa zona. De esta forma, también se excluye a buena parte de las plataformas como Cabify o Uber del trayecto entre cualquier municipio de la AMB y el aeropuerto de Barcelona. Todas las autorizaciones que expida el ente supramunicipal irán identificadas con un adhesivo situado en el ángulo superior derecho de la parte delantera del coche VTC —una pegatina similar a la de la ITV— y podrán ser identificadas a tiempo real por el sistema de control de la Guardia Urbana de Barcelona.
En el caso de que un vehículo con chofer realice servicios entre municipios de la AMB sin estar autorizado se considerará como una infracción “muy grave” que podrá ser castigada hasta con 4.000 euros de multa. Por otro lado, la AMB se reserva el derecho de otorgar autorizaciones temporales para dar respuesta a acontecimientos importantes y de “gran demanda de movilidad” como el Mobile World Congress.
Eduardo Martín, presidente de Unauto —la patronal del sector de las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC)—, calificó ayer la aprobación del reglamento por parte del Área Metropolitana de Barcelona como “una barbaridad, un auténtico despropósito y un hecho realmente insólito”. Martín denunció que la decisión política “supondrá la destrucción de más de 1.300 empleos de otras tantas familias”.
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