GUADALAJARA

Se avecina un nuevo rifirrafe político. Según el PSOE, Román veta al candidato del PSOE en Taracena sin ninguna base jurídica

El PSOE estudiará acciones legales contra “esta decisión política y antidemocrática que hurta a los vecinos la posibilidad de decidir libremente quién es su alcalde pedáneo”

REDACCION | Miércoles 22 de octubre de 2014
El equipo de Gobierno de Román ha utilizado la imposición política para impedir definitivamente que el concejal Víctor Manuel Cabeza se presente como candidato del PSOE a la alcaldía pedánea de Taracena, pero no ha aportado ningún argumento o informe jurídico que avale tal decisión, e incluso se ha negado a que el secretario del Ayuntamiento emitiera un informe al respecto, tal como solicitaba el Grupo Socialista. La portavoz socialista, Magdalena Valerio, ha puesto de relieve ante la Junta Coordinadora de las elecciones a representantes de la alcaldía en los barrios anexionados, que la reclamación del PSOE para que se volviera a admitir la candidatura de Víctor Manuel Cabeza a la alcaldía del barrio de Taracena está fundamentada en una sólida base jurídica, mientras que “la respuesta del equipo de Román ha sido el ordeno y mando, la imposición política, la prepotencia y el desprecio a la democracia, hurtando a los vecinos de Taracena la posibilidad de elegir libremente quién es su alcalde pedáneo. SIGUE

Por ello, el Grupo Socialista ha anunciado que estudiará posibles acciones legales para evitar “esta cacicada de Antonio Román, con la que altera de forma injustificada el procedimiento que se ha seguido en el Ayuntamiento de Guadalajara desde 1991 para la elección de alcaldes pedáneos por los vecinos de los barrios anexionados”.

Según Valerio, “con esta decisión, Román empieza a hacer camino para sustituir la elección democrática por la designación dedocrática en el nombramiento de los alcaldes pedáneos, lo que no habla precisamente bien de las convicciones democráticas del alcalde de Guadalajara”.

La argumentación jurídica del PSOE, que el PP no ha podido rebatir.

El origen de la controversia es la resolución de la Junta Coordinadora de las elecciones a representantes de la alcaldía en los barrios anexionados, del pasado 9 de enero, por la que el PP utilizó su mayoría para no admitir la candidatura de Víctor Manuel Cabeza a la alcaldía del barrio de Taracena en representación del PSOE, argumentando que no reside en dicho pueblo anexionado.

La reclamación presentada por el Grupo Socialista ante esa decisión se fundamenta en cinco puntos: en primer lugar, que la normativa aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara el pasado 2 de diciembre para concurrir a este proceso electoral no hace referencia alguna a los requisitos para ser candidato a alcalde pedáneo; en segundo lugar, que las elecciones a las alcaldías de los barrios se llevan celebrando exactamente igual desde 1991, con un procedimiento del que se deduce que los requisitos exigibles a los candidatos son los mismos que en cualquier otro proceso electoral.

En el tercer fundamento de la reclamación se hace constar que el requisito de residir en el barrio anexionado sería aplicable en el momento de ser nombrado representante de la alcaldía de Guadalajara, pero no para concurrir al proceso electoral que se llevará a cabo con anterioridad.

En sus últimos puntos, la reclamación del PSOE señala que no se puede impedir la participación de los ciudadanos en un proceso electoral no vinculante para el nombramiento de alcalde pedáneo, pues se estaría impidiendo un derecho que la legislación vigente y la normativa municipal aprobada al efecto no prohíben, y que el veto a la candidatura del PSOE en Taracena supone la vulneración del artículo 23 de la Constitución Española en la medida en que se está impidiendo la participación de un ciudadano en los asuntos públicos a través de una elección periódica por sufragio universal.
“Frente a todos estos razonamientos jurídicos, Román se ha limitado a imponer su voluntad política porque sí, porque a él le da la gana, pero no ha sido capaz de dar ni un solo argumento válido para justificar esta decisión antidemocrática”, concluye Magdalena Valerio.



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