Los tribunales han respaldado la postura que el Ayuntamiento de Guadalajara siempre ha mantenido respecto a los planes de empleo de la Junta, a través de una reciente resolución judicial que afecta a Talavera de la Reina, uno de los municipios que se adhirió a los mismos. En dicha resolución se exige al Ayuntamiento que compense con 15 millones de euros a los 2.000 trabajadores que han sido contratados a través de estos planes, debido a las diferencias salariales que éstos percibían con respecto a los funcionarios municipales.
Éste ha sido el principal argumento al que siempre ha recurrido el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara para no acogerse a unos planes que, de aplicarse en los términos que permitía la Junta de Castilla -La Mancha, suponía una clara discriminación salarial y laboral para las personas contratadas. De hecho, el equipo de Gobierno siempre ha advertido al gobierno de Page que existían sentencias previas derivadas de ellos similares y que obligaban a otras administraciones locales del país a hacer frente a pagos millonarios.
El Ayuntamiento de Guadalajara sólo se ha sumado a uno de los planes de empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. A través de él, contrató a 56 trabajadores en 2016, pero en vez de pagarles el salario mínimo interprofesional, el salario que percibieron fue el mismo que cobran los trabajadores municipales del mismo nivel y categoría.
Posteriormente, el consistorio ya no se ha adherido a ninguno de estos planes por entender que son un fraude, al generar cero inserción laboral, y que podrían causar, como así está ocurriendo, daños irreparables a las arcas municipales. El Ayuntamiento de Guadalajara ha optado por crear sus propios planes municipales y sacar líneas de ayuda a la contratación de desempleados, destinadas a las empresas. Esto ha posibilitado numerosas contrataciones, de las cuales un alto porcentaje han sido de carácter indefinido.
Por este motivo, Isabel Nogueroles, concejala de Promoción Económica y Empleo, solicita a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se responsabilice de las consecuencias de su mala gestión y de haber hecho oídos sordos a las sentencias previas, y que ayude a las administraciones que van a verse perjudicadas por ello, como Talavera de la Reina.